Los nuevos criterios de medición muestran que el 88% de las víctimas de desplazamiento están en situación de vulnerabilidad es decir que, con estas nuevas variables se pudo incluir un 30% más de víctimas, que si se evaluara con los parámetros anteriores. La población víctima de desplazamiento del país corresponde al 19% de sus habitantes. El más reciente boletín de Datos para la Paz indica que, de las 9.737.008 personas inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV), hay 8.680.808 que son víctimas de desplazamiento.
Lo anterior corresponde a una cifra que supera el total de personas que viven en Bogotá, lo que hace urgente la medición de la superación de su situación de vulnerabilidad para contribuir en la toma de decisiones e implementar intervenciones efectivas y duraderas. Desde 2016, la Unidad para las Víctimas presenta un informe con los resultados de la medición de Superación de Situación de la Situación de Vulnerabilidad (SSV). Esta obligación quedó establecida en la Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas, y en 2015 se definieron los derechos para tener en cuenta en la medición. Asimismo, en 2018 se empezó a incluir la SSV como indicador del Plan Nacional de Desarrollo.
En la medición, bajo los anteriores criterios, si una persona cumplía uno de los ocho derechos (salud, educación, identificación, vivienda, alimentación, generación de ingresos, reunificación familiar y atención psicosocial), en la siguiente medición solo se evaluaban los derechos pendientes por cumplir, a menos de que le ocurriera un nuevo desplazamiento. Así las cosas, este año, acogiendo las recomendaciones de entes de control, las mesas de víctimas y la Corte Constitucional, además de la integración del enfoque de soluciones duraderas, se ajustó la medición y se incluyeron nuevos criterios y fuentes de información, adicionalmente, se fortalecieron los enfoques diferenciales, dando así un panorama más preciso de la realidad de la población desplazada y su estabilización socioeconómica.
Entre los principales cambios de la nueva metodología están la evaluación periódica (a lo largo de cuatro semestres consecutivos), una valoración simultánea de los ocho derechos que componen la medición y una evaluación diferencial del derecho a la generación de ingresos, considerando aspectos como la tasa de dependencia del hogar y la presencia de miembros con características diferenciales. La medición se aplicó a 7.692.901 personas, que es la cantidad de personas que se obtiene al restar del total de víctimas de desplazamiento a las no identificadas, sin documento o con documento inválido y fallecidas. Según los nuevos criterios de la medición, 6.805.713 víctimas de desplazamiento forzado están en situación de vulnerabilidad. Esto representa a un 88% de la población a la que se le aplicó la medición y que, si se aplicara la medición con los criterios anteriores, 130.000 víctimas más superarían su situación de vulnerabilidad y quedarían sin apoyo gubernamental.
