La dramática historia de Kerlin Murillo, profesora afrocolombiana víctima de violencia racial en Boyacá, ha tomado un giro desgarrador, ya qué denuncia sentirse «engañada» y abandonada por el Gobierno colombiano y, en particular, por la vicepresidenta Francia Márquez. A pesar de la conmoción nacional y las promesas de apoyo, Murillo afirma que, después de un año, no ha habido avances significativos en su caso.
Relato
La profesora relata una serie de dificultades trasladándose a Bogotá después del violento episodio en Boyacá, donde supuestamente ella y sus hijos fueron maltratados, acosados y discriminados. Aunque la Vicepresidencia cubrió los gastos de hospedaje, la familia se enfrentó a condiciones de miseria y Kerlin Murillo tuvo que recurrir a pedir limosna en las calles.
Murillo expresa su decepción con Francia Márquez, quien inicialmente lideró el caso, afirmando que se siente abandonada y que las promesas de ayuda no se materializaron. La profesora también critica la falta de atención médica y educativa para sus hijos, destacando que tuvieron que pasar por múltiples vicisitudes y enfrentar el abandono estatal.
Promesas
“Nos fuimos con la promesa de que la Unidad Nacional de Protección nos iba a pagar el arriendo y que la Unidad para las Víctimas se iba a encargar de la alimentación. Así me lo dijeron desde la Consejería Presidencial, desde el Ministerio del Interior, estando con la doctora Clara Valdez”, dijo Murillo, refiriéndose a una asesora de Carabalí.
Apartadó, con la falta de ayuda prometida por el Gobierno, siguió siendo un infierno para la familia: “Nos engañaron, tocó pasar por múltiples vicisitudes. No teníamos dónde vivir, pero por el estudio de riesgo de la UNP tuvimos que irnos a Apartadó. Pasé trabajo, aguanté hambre. Abandono estatal”.
Mientras todo esto ocurría, el procurador delegado para asuntos étnicos envió oficios al ICBF, al Ministerio de Educación y a la Unidad Nacional de Protección con el fin de conocer qué se había hecho por la familia. De acuerdo con Murillo, no hubo restitución de derechos de ninguna entidad. “Mis hijos apenas iniciaron el proceso de restablecimiento de derechos este año por parte de la Comisaría de Apartadó”, indicó.
A pesar de una tutela a su favor y la intervención de entidades como la Defensoría del Pueblo, Kerlin Murillo busca acciones concretas por parte de la Fiscalía para obtener justicia. La historia, que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, destaca las luchas continuas de una madre afrocolombiana en busca de restitución de derechos y el resarcimiento ante un caso de violencia racial que ha marcado su vida.
