La ejecución de cinco ciudadanos etíopes en Arabia Saudita, condenados por delitos relacionados con el tráfico de drogas, ha dejado a sus familias sumidas en el dolor y la incertidumbre. Los parientes de las víctimas no solo enfrentan la pérdida de sus seres queridos, sino también la imposibilidad de recuperar sus cuerpos, una situación que les impide realizar los rituales funerarios tradicionales y encontrar consuelo tras sus muertes.
Entre las víctimas se encontraba Kibrom Kinfe Aregawi, de 25 años, quien fue ejecutado el 23 de junio junto con otros cuatro ciudadanos etíopes. Su padre, Kinfe Aregawi, asegura que la muerte de su hijo representa una tristeza que lo acompañará durante toda su vida. Aunque su familia ha realizado ceremonias religiosas para intentar sobrellevar la pérdida, el hombre afirma que no podrá encontrar tranquilidad mientras desconozca qué ocurrió con los restos de su hijo.
Para los cristianos ortodoxos etíopes, los rituales funerarios tienen una importancia fundamental. Las ceremonias tradicionales incluyen envolver el cuerpo del fallecido en un sudario y depositarlo en un ataúd de madera antes de darle sepultura. Sin embargo, las familias de los ejecutados no pudieron cumplir completamente con estas prácticas, debido a que las autoridades sauditas no entregaron los cuerpos ni informaron dónde fueron enterrados.
Familias que desconocen las circunstancias de las ejecuciones
Los familiares de los cinco ciudadanos etíopes aseguran que no recibieron una notificación previa sobre las ejecuciones, realizadas en el centro de detención de Khamis Mushait, en la provincia de Asir, al sur de Arabia Saudita. Además, denuncian que tampoco recibieron los certificados de defunción ni las pertenencias personales de sus seres queridos.
Esta situación ha generado cuestionamientos sobre la falta de información y transparencia en los procedimientos. Organizaciones defensoras de los derechos humanos consideran que la negativa a devolver los cuerpos prolonga el sufrimiento de las familias y les impide cerrar el proceso de duelo.
Duaa Dhainy, investigadora de la Organización Saudí-Europea para los Derechos Humanos y consultora de Reprieve MENA, sostiene que la retención de los restos no constituye únicamente un asunto administrativo, sino que extiende el castigo hacia los familiares de las personas ejecutadas.
Por su parte, Nazila Ghanea, relatora especial de Naciones Unidas sobre la libertad de religión o de creencias, ha calificado la presunta práctica de retener los cuerpos como una forma de tortura y abuso.
Según Human Rights Watch, Arabia Saudita había ejecutado a 116 personas hasta el 27 de julio del año al que hace referencia el artículo, mientras que las organizaciones defensoras de los derechos humanos continúan denunciando la falta de información sobre los procesos judiciales y las condiciones en las que se llevan a cabo las ejecuciones.
La historia de Kibrom Kinfe Aregawi
Kibrom Kinfe Aregawi viajó por primera vez a Arabia Saudita en 2020, acompañado de su padre. Ambos ingresaron al país sin un visado válido, por lo que fueron detenidos y permanecieron encarcelados durante 15 meses antes de ser deportados a Etiopía.
Sin embargo, la guerra civil que afectaba a su país llevó al joven a tomar nuevamente la decisión de emigrar. En busca de oportunidades y de una vida diferente, regresó a Arabia Saudita después de atravesar el mar Rojo en una embarcación abarrotada y recorrer Yemen a pie.
En 2023, mientras cruzaba la frontera saudita, fue detenido nuevamente y acusado de tráfico de drogas. Su padre afirma que, después de permanecer tres meses en prisión, Kibrom fue condenado a muerte.
El joven pasó aproximadamente tres años encarcelado antes de ser ejecutado. Según su familia, la noticia llegó de manera inesperada y no tuvieron la oportunidad de despedirse de él.
Kinfe Aregawi asegura que se enteró de la muerte de su hijo a través de las redes sociales y sostiene que nunca recibió pruebas que demostraran su participación en el contrabando de hachís.
El padre considera que Kibrom fue condenado injustamente y reclama explicaciones sobre el proceso judicial. También cuestiona que las autoridades no hayan entregado el certificado de defunción, sus pertenencias ni sus restos.
La imposibilidad de conocer las circunstancias exactas de su muerte ha profundizado el sufrimiento de la familia, que continúa esperando respuestas.
Tsigabu Gebremariam murió cuando soñaba con regresar a casa
Otra de las víctimas fue Tsigabu Gebremariam, un joven de 26 años que también fue ejecutado el 23 de junio en el mismo centro de detención.
Tsigabu era el mayor de ocho hermanos y provenía de una zona rural de la región de Tigray Central, en Etiopía. A los 18 años abandonó su hogar con la esperanza de escapar de la pobreza y encontrar oportunidades laborales que le permitieran ayudar económicamente a su familia.
Su padre, Hagos Gebremeskel, recuerda que en su comunidad existen pocas posibilidades de empleo para los jóvenes y que su hijo decidió emigrar con la intención de mejorar las condiciones de vida de sus seres queridos.
El joven fue detenido por las autoridades sauditas y condenado por contrabando de drogas. Permaneció tres años y medio en prisión antes de ser ejecutado.
La última conversación que mantuvo con su familia ocurrió en febrero. Durante esa llamada, les aseguró que esperaba regresar pronto a Etiopía y casarse.
Su madre, Letechristos Gebretsadik, incluso había comenzado a buscar una mujer adecuada para él. Sus hermanas también se preparaban para recibirlo y habían comenzado a organizar canciones tradicionales de boda.
Sin embargo, los planes familiares terminaron abruptamente cuando conocieron la noticia de su muerte.
La madre de Tsigabu afirma que el dolor de sus hijas es especialmente profundo, pues su hermano era el único hijo varón de la familia y todas esperaban su regreso.
Después de conocer la ejecución, sus familiares organizaron un funeral simbólico y un servicio de oración en una iglesia local. Aunque cumplieron con el tradicional periodo de luto de 40 días, Letechristos asegura que todavía siente un profundo vacío porque no pudo ver ni despedirse del cuerpo de su hijo.
Los padres del joven también exigen que las autoridades sauditas presenten pruebas que demuestren su responsabilidad en el delito por el que fue condenado. Además, se preguntan si su hijo pudo haber sido utilizado por otras personas para transportar sustancias ilegales.
La pena de muerte y los ciudadanos extranjeros
Arabia Saudita se encuentra entre los países que más personas ejecutan en el mundo. Las organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el elevado número de condenas a muerte relacionadas con delitos de drogas y por la proporción de ciudadanos extranjeros entre las personas ejecutadas.
Un informe de Amnistía Internacional citado en el artículo señala que el 75 % de las personas ejecutadas por delitos relacionados con drogas eran extranjeras.
Duaa Dhainy advierte que las redes criminales pueden aprovecharse de la vulnerabilidad económica y social de los migrantes para involucrarlos en actividades ilegales.
La investigadora explica que, en algunos casos relacionados con ciudadanos etíopes, los detenidos afirmaron que otras personas los convencieron de transportar objetos a cambio de ayudarlos a cruzar las fronteras.
También menciona investigaciones sobre ciudadanos paquistaníes que habrían sido obligados a ingerir sustancias prohibidas, en ocasiones mediante amenazas o promesas de empleo.
Estas situaciones generan preocupación sobre las condiciones en las que algunos migrantes terminan involucrados en delitos de narcotráfico y sobre las garantías que reciben durante los procesos judiciales.
De acuerdo con estimaciones de la Organización Saudí-Europea para los Derechos Humanos, Arabia Saudita ha realizado más de 2.000 ejecuciones desde que el rey Salmán bin Abdulaziz Al Saud ascendió al trono en 2015. La organización calcula que el 42 % de las personas ejecutadas durante ese periodo eran extranjeras.
Además, estima que durante 2025 se llevaron a cabo 356 ejecuciones, la cifra anual más alta registrada por la entidad.
La retención de los cuerpos prolonga el sufrimiento
Las familias de las personas ejecutadas aseguran que la imposibilidad de recuperar los restos representa una segunda tragedia.
Para muchas comunidades cristianas ortodoxas de Etiopía, el entierro constituye una parte esencial de las creencias religiosas y del proceso de despedida. Por esta razón, la ausencia del cuerpo dificulta que los familiares puedan cumplir con sus tradiciones y aceptar la pérdida.
La Organización Saudí-Europea para los Derechos Humanos señala que, aunque la legislación saudita permite que los cuerpos sean repatriados a través de las embajadas, no tiene constancia de casos documentados en los que los restos de migrantes ejecutados hayan sido devueltos a sus familias.
La organización también afirma que situaciones similares se han presentado en casos de ciudadanos sauditas.
En ocasiones anteriores, familiares de personas ejecutadas, entre ellos ciudadanos turcos y jordanos, han realizado campañas para solicitar la repatriación de los cuerpos, pero sus esfuerzos no han tenido éxito.
Dhainy menciona el caso de una familia jordana que recibió un certificado de defunción con información muy limitada, sin detalles sobre el lugar de entierro ni las circunstancias de la muerte.
Esta falta de información impide que las familias conozcan qué ocurrió con sus seres queridos y aumenta la incertidumbre sobre sus últimos momentos.
La postura de las autoridades sauditas
La BBC solicitó explicaciones al Gobierno de Arabia Saudita mediante los ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores, así como a través de su embajada en Londres. Sin embargo, no recibió respuesta.
Las autoridades sauditas mantienen una postura de severidad frente a los delitos relacionados con las drogas y defienden la aplicación de las penas establecidas en su legislación.
En junio, al anunciar la ejecución de un ciudadano saudita condenado por delitos relacionados con el cannabis, el Ministerio del Interior aseguró que el Gobierno busca proteger a ciudadanos y residentes de los efectos de las drogas y aplicar las sanciones más severas previstas por la ley.
El comunicado oficial también relacionó el tráfico de sustancias ilícitas con la pérdida de vidas y la afectación de la seguridad pública.
Por su parte, la embajada de Etiopía en Arabia Saudita también fue contactada para ofrecer comentarios sobre el caso.
Mientras tanto, las organizaciones defensoras de los derechos humanos estiman que cientos de personas podrían encontrarse actualmente en el corredor de la muerte saudita, aunque las autoridades no publican una cifra oficial.
Joey Shea, investigadora de Human Rights Watch, señala que las ejecuciones realizadas en secreto o sin previo aviso afectan el derecho de los condenados y sus familiares a disponer de tiempo suficiente para prepararse para la muerte.
El temor de quienes esperan una posible ejecución
El artículo también recoge el testimonio de un recluso cuya identidad y ubicación no pueden revelarse por razones de seguridad.
El hombre fue detenido en 2023 y confesó haber participado en un delito de contrabando de drogas. Posteriormente fue declarado culpable y condenado a muerte.
Aunque espera recibir un indulto, vive con el temor constante de ser ejecutado. Según su relato, durante este año ha presenciado cómo 15 de sus compañeros de prisión fueron ejecutados.
El recluso explica que cada vez que los guardias abren las puertas de las celdas, los presos sienten incertidumbre y se preguntan quién será el siguiente.
Su principal esperanza es obtener un aplazamiento o una medida que le permita conservar la vida. Sin embargo, también expresa preocupación por lo que podría ocurrir con sus restos si finalmente es ejecutado.
El hombre teme que sus padres nunca puedan verlo nuevamente ni recibir su cuerpo para darle sepultura.
Una pérdida que continúa sin respuestas
Las historias de Kibrom Kinfe Aregawi y Tsigabu Gebremariam reflejan el sufrimiento de familias que, además de perder a sus hijos, deben enfrentar la falta de información sobre sus muertes y la imposibilidad de realizar un entierro tradicional.
Sus padres continúan reclamando explicaciones sobre las condenas, las circunstancias de las ejecuciones y el destino de los cuerpos. Mientras tanto, las ceremonias religiosas y los funerales simbólicos representan una manera de expresar el duelo, aunque no logran llenar el vacío que dejó la ausencia de sus seres queridos.
Para estas familias, la falta de respuestas convierte la pérdida en una experiencia todavía más dolorosa. La espera por conocer qué ocurrió con sus hijos y la esperanza de recuperar sus restos mantienen abiertas las heridas de una tragedia que, según sus propios testimonios, los acompañará durante toda la vida.
