La Unidad para las Víctimas y el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC han firmado un acuerdo significativo que busca materializar la reparación colectiva e integral de seis resguardos en el departamento. Este pacto fue anunciado durante un encuentro de diálogo y concertación que incluyó a Lilia Solano, directora de la Unidad para las Víctimas, y representantes de los pueblos indígenas de Juan Tama, Kokonuko, Totoroez, Polindara, Nasa Chacha, así como miembros del CRIC.
Políticas
El acuerdo permitirá unir esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para avanzar en varias fases del proceso de reparación colectiva en el corto plazo. Con el apoyo de la Unidad para las Víctimas, estos seis grupos étnicos recibirán asistencia en las etapas de identificación, alistamiento, caracterización del daño, diseño y formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva – PIRC. Este proceso busca reconocer los daños sufridos por estas comunidades y contribuir a su reparación a través de medidas que aborden aspectos políticos, materiales y simbólicos.
El enfoque integral de la reparación incluirá medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, elementos esenciales para restaurar la dignidad de las comunidades afectadas. Este acuerdo marca un paso importante hacia la justicia y la reparación para los pueblos indígenas, quienes han sufrido las consecuencias del conflicto armado en Colombia.
Las cifras
Cabe destacar que el departamento del Cauca lidera el país en la cantidad de sujetos de reparación colectiva, según datos de la Unidad para las Víctimas. Con 161 sujetos de reparación colectiva, de los cuales 138 pertenecen a grupos étnicos, se refleja la complejidad de la situación. El Cauca alberga 70 comunidades indígenas y 68 afrodescendientes que han sido directamente impactadas por la violencia.
Además, el Cauca es también la región con el mayor número de comunidades étnicas que cuentan con sentencias y autos de protección, totalizando 59. Este contexto evidencia el impacto desproporcionado del conflicto armado sobre estas poblaciones, resaltando la urgencia de implementar procesos efectivos de reparación que reconozcan sus derechos y les permitan reconstruir su tejido social.
