El pasado 20 de junio en la ciudad de Villavicencio por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Sandra Milena Olarte Higuita, de 32 años de edad, y a Julio César Gómez Correa, de 33 años de edad. Estas dos personas serían las responsables de causarle la muerte a un hombre de 82 años.
Sucesos
Según la investigación preliminar, Sandra Milena Olarte Higuita y Julio César Gómez Correa presuntamente habrían perpetrado un acto de violencia extrema en contra del anciano, cuya identidad se mantiene en reserva por respeto a la privacidad de sus familiares.
Según informes de las autoridades competentes los hechos ocurrieron el pasado 2 de marzo de 2024 en área rural de Granada (Meta). Información en poder del ente acusador evidencia que los procesados habrían abordado a la víctima cuando se desplazaba en una bicicleta con varias gallinas, por el sector conocido como La Trampa en la vereda La Cubillera.
El suceso habría ocurrido en circunstancias aún por esclarecer completamente, pero aparentemente, allí en este sector Olarte Higuita y Gómez Correa, agredieron al adulto mayor en varias oportunidades con un arma cortopunzante y lo despojaron de sus pertenencias, debido a esto el hombre de 82 años sufrió heridas graves que resultaron en su fallecimiento.
La Fiscalía, tras recolectar evidencia y realizar las diligencias pertinentes, presentó ante el juez los elementos que sustentan la presunta participación de Olarte Higuita y Gómez Correa en este crimen.
Captura
Una acción coordinada entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y militares del grupo Gaula Ariari permitió la captura de la pareja en el barrio El buque de Villavicencio. Aparentemente, la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio y hurto agravado, cargos que no fueron aceptados por estos sujetos. La medida de aseguramiento en establecimiento carcelario impuesta a los acusados refleja la gravedad de los cargos en su contra y busca garantizar la preservación de la seguridad pública mientras avanza el proceso judicial.
