Colombia afronta un panorama violento que no cede: al 18 de septiembre de 2025, el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz registró 59 masacres en lo corrido del año, que han dejado 194 víctimas fatales.
Se entiende por masacre el homicidio intencional y simultáneo de varias personas (tres o más), en estado de indefensión, por un mismo autor, y en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Comparativo con años anteriores
- En 2024 se registraron 76 masacres, con 267 víctimas.
- En los primeros meses de 2025, las cifras ya mostraban una grave situación: al corte de abril, 22 masacres habían dejado 67 víctimas.
Distribución territorial y actores implicados
Aunque Indepaz no siempre publica todos los detalles sobre cada masacre, algunos departamentos se destacan por su alta frecuencia de estos crímenes en años recientes: Cauca, Norte de Santander, Putumayo, y Valle del Cauca han sido recurrentes en informes sobre violencia múltiple y desplazamientos forzados. (No todas las masacres del año 2025 están detalladas públicamente en cada municipio en las últimas actualizaciones).
Los actores involucrados suelen ser grupos armados ilegales, en particular disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, y otros grupos criminales que disputan territorios para el narcotráfico, la minería ilegal o rutas de tráfico. También se señalan grupos pequeños, locales, con intereses en disputa territorial o extractivos. Además, hay reportes de implicaciones indirectas por omisiones del Estado o fallas en la prevención, la seguridad local y la presencia institucional. (Estas conclusiones se derivan de análisis de Indepaz y de organismos de derechos humanos).
Factores de contexto
- Desplazamiento y confinamiento: En regiones con presencia limitada del Estado, las comunidades se ven obligadas a desplazarse o quedar confinadas por la violencia de grupos ilegales.
- Economías ilegales y disputas territoriales: La coca, la minería ilegal, el control de rutas de narcotráfico, y la extracción ilegal de recursos naturales alimentan la violencia.
- Débil capacidad institucional: En múltiples zonas rurales y periféricas, la seguridad estatal, judicial y de derechos humanos es débil, lo que permite que estos hechos ocurran con impunidad o escasa respuesta.
- Políticas de paz y su implementación desigual: Aunque hay políticas como “Paz Total” y algunos acuerdos territoriales, el avance en la desmovilización, reconciliación, garantía de derechos locales y restitución de tierras ha sido desigual, lo que ha dejado espacios de violencia persistente.
Implicaciones
- Humanitarias: pérdida de vidas, desplazamientos internos, trauma social, afectación de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.
- Políticas: presión a los gobiernos locales y al nacional para responder con mayor eficacia, rendición de cuentas, investigación de los perpetradores, refuerzo del Estado de Derecho.
- Derechos humanos: se reavivan las críticas desde organismos nacionales e internacionales sobre la protección de defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunidades vulnerables.
- Reputación internacional y cooperación: estas cifras influyen en cómo otros países y organismos ven la situación de Colombia, lo que afecta cooperación internacional, recursos para desarrollo, etc.
¿Qué medidas se han anunciado?
- Indepaz y otras ONG exigen que el Estado amplíe su presencia institucional en zonas de conflicto, mejore la inteligencia y prevención, garantice instrumentos de justicia transicional y mecanismos de protección para comunidades vulnerables.
- El gobierno nacional afirma que las políticas de Paz Total incluyen fortalecimiento de la presencia militar y policial, diálogo con algunos grupos armados, mejoras en infraestructura, desarrollo social. Sin embargo, analistas señalan que estas medidas aún no han sido suficientes para impedir los episodios de masacres.
- Hay llamados de organismos de derechos humanos (nacionales, internacionales) para que los casos sean investigados plenamente, que no haya impunidad y que se realice seguimiento local de alertas tempranas.
Retos persistentes
- Falta de estadísticas más detalladas y oportunas que permitan visibilizar quiénes exactamente resultan afectados, cuál es el perfil de las víctimas, y cómo prevenir estos hechos.
- Necesidad de coordinación entre instituciones estatales, autoridades locales, comunidades y organizaciones sociales.
- Superar barreras como corrupción, desconfianza en la justicia, aislamiento geográfico, deficiencias en infraestructura básica (salud, vías, educación) que agravan la vulnerabilidad.
- Garantizar que las estrategias de seguridad no generen violaciones de derechos humanos o exacerbación del conflicto, sino que promuevan paz y reconciliación.
