Un nuevo hecho de violencia estremeció al municipio de Riofrío, en el Valle del Cauca. Un ataque armado dejó tres personas muertas en la salida hacia el corregimiento de Salónica, a orillas del río, en zona urbana. Según testigos, varias personas estaban reunidas en el lugar cuando un grupo de hombres armados llegó y comenzó a disparar indiscriminadamente. En el sitio murieron Juan Carlos David López y Heider Jovani García Quintero. Un tercer hombre, Dubardy Isao, resultó gravemente herido y falleció horas después en el hospital.
Con esta, ya son 26 masacres en Colombia en lo que va de 2025, según cifras entregadas por Indepaz. Las autoridades aún no confirman los responsables, pero en la región operan varios grupos armados ilegales. La Defensoría del Pueblo ya había advertido del riesgo en esta zona. En la Alerta Temprana 038 de 2023, dirigida al municipio vecino de Trujillo, se señaló la presencia de bandas criminales y grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo (EGC), el Frente Jaime Martínez del EMC, y estructuras locales como La Inmaculada de Tuluá, que controlan rutas del narcotráfico y ejercen presión sobre la población.
El documento advierte que esta región, ubicada sobre la cordillera Occidental, se ha convertido en un corredor estratégico para la movilidad armada, especialmente en áreas rurales y salidas hacia corregimientos. La jurisdicción militar de esta zona está a cargo de la Tercera División del Ejército, pero los habitantes denuncian que la presencia del Estado es débil y las respuestas, lentas. La comunidad exige acciones concretas del Gobierno nacional y local para frenar la violencia que no da tregua en el Valle del Cauca. Riofrío, como otros municipios cercanos, sigue atrapado en una espiral de muerte, miedo y abandono.
Mientras tanto, los familiares de las víctimas lloran a sus seres queridos, en medio del clamor por justicia que, una vez más, parece quedar en el vacío. Las autoridades locales han iniciado investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables del ataque. Mientras tanto, líderes sociales y defensores de derechos humanos insisten en que se refuercen las medidas de protección y presencia institucional en esta zona crítica.
