En la vereda El Jardín (Vereda) del municipio de San Pablo, en el departamento de Bolívar (Colombia), ocurrió un ataque armado en una mina de oro el pasado 4 de noviembre de 2025.
Según el informe de INDEPAZ, cinco trabajadores mineros fueron asesinados durante la incursión.
Tres de las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Carlos Alberto Castro, Luis Guillermo Méndez y José Esteven Campuzano. Los otros dos aún no han sido identificados oficialmente.
El órgano advierte que esta masacre se convierte en la número 68 registrada en Colombia para el 2025, según su registro hasta la fecha.
Responsables y contexto
- INDEPAZ responsabiliza al ELN como el autor del ataque.
- La zona se encuentra en medio de una disputa por el control de la minería de oro y los corredores de la serranía de San Lucas, lo cual agrava el conflicto armado y la violencia territorial.
- La Defensoría del Pueblo había emitido con anterioridad la alerta temprana AT 013/25 para ese municipio, junto con la AT 034/23, por el riesgo humanitario derivado de los enfrentamientos armados, control social y desplazamientos en la región.
Impactos
- El ataque dejó no solo víctimas humanas sino también destrucción de maquinaria amarilla en la mina, lo cual afecta la cadena de producción y los medios de vida de quienes laboran allí.
- Se ha reportado además el desplazamiento forzado —o riesgo de tal — de comunidades mineras y rurales en el área, como consecuencia del control armado y la violencia.
- El hecho demuestra que los territorios con minería informal o semi-informal siguen siendo altamente vulnerables a la presencia de grupos armados que buscan apropiarse de recursos y rutas de corredor ilícito.
Qué sigue
- Se espera que las autoridades realicen una investigación formal para identificar a los responsables, judicializar el crimen y determinar si hubo complicidades o fallas en la seguridad del territorio.
- Las comunidades locales requieren acompañamiento de organismos de derechos humanos, protección especial y medidas de intervención estatal que atiendan tanto la seguridad como el desarraigo social y económico.
- El gobierno nacional y departamental deberán fortalecer la presencia institucional en zonas de alto riesgo, mejorar el control y regulación de la minería, y redoblar los esfuerzos de protección de la población civil.
