En la región del Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander, Colombia, se han intensificado los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos disidentes de las FARC. Este conflicto ha dejado un saldo trágico de al menos 80 personas fallecidas y ha provocado el desplazamiento forzado de unas 5.000 personas, en su mayoría campesinos y comunidades indígenas.
Los enfrentamientos, que se han registrado durante las últimas semanas, se centran en el control territorial de esta estratégica región, rica en cultivos de coca y rutas de narcotráfico hacia Venezuela. Las familias desplazadas han buscado refugio en municipios vecinos y en albergues temporales, en condiciones precarias y con acceso limitado a ayuda humanitaria.
La situación en Catatumbo ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Organismos de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo han hecho un llamado urgente al gobierno colombiano para intervenir y garantizar la seguridad de los habitantes de la región, así como para brindar asistencia humanitaria a los afectados.
El gobierno ha anunciado que reforzará la presencia militar en la zona, pero organizaciones sociales insisten en que es necesario avanzar en diálogos de paz y estrategias integrales para atender las causas estructurales del conflicto armado en el país. La crisis en Catatumbo refleja los retos persistentes en Colombia tras la firma del acuerdo de paz de 2016, mientras nuevos actores armados buscan llenar los vacíos dejados por la desmovilización de las FARC.
