Bogotá – En el último año y medio, Colombia ha visto el cierre de más de 750 colegios privados, una tendencia que ha generado preocupación en el ámbito educativo y social del país. Este fenómeno responde a una combinación de factores económicos, sociales y administrativos que han afectado gravemente al sector de la educación privada.
En el último año y medio, 769 colegios privados han cerrado en Colombia, según el Directorio Único de Establecimientos Educativos. En Bogotá, 160 colegios han cerrado y se prevé que 60 más sigan el mismo destino, según Julián de Zubiría, exasesor del Ministerio de Educación y fundador del Instituto Alberto Merani. Este fenómeno incluye no solo pequeñas escuelas, sino también grandes instituciones con historia y tradición.
En el informe PISA de finales de 2023, los estudiantes colombianos mostraron un rendimiento inferior al promedio de la OCDE en matemáticas, ciencia y lectura. Además, una menor proporción alcanzó los mejores resultados en estas materias en comparación con el promedio de la OCDE, y menos estudiantes lograron un nivel mínimo de competencia en las tres áreas. Los desafíos para la educación en Colombia parecen ser más complejos que los tradicionales debates sobre desigualdades y acceso.
La clausura masiva de estos colegios reaviva el debate sobre las transformaciones en el sistema educativo colombiano, que muestra grandes brechas entre el sector privado y el público, especialmente en las principales ciudades como Barranquilla, Cali y Medellín. Laura Quiroz López, experta en políticas públicas, señala que la situación también refleja problemas de calidad en algunas instituciones privadas y la dificultad del sector público en áreas menos favorecidas.
La crisis en el sector educativo colombiano plantea preguntas sobre el futuro de la educación en el país y los desafíos que enfrenta el sistema para garantizar la calidad y accesibilidad educativa.
El cierre de estos colegios privados no solo afecta a los estudiantes y sus familias, sino también a los empleados del sector educativo y a las comunidades locales que dependían de estos centros para su desarrollo educativo y social. Las autoridades colombianas están buscando soluciones para mitigar el impacto y apoyar tanto a las instituciones educativas como a las familias afectadas.
