En una situación que ha dejado en vilo las finanzas públicas, el Ministerio de Hacienda ha admitido que aún no ha logrado recuperar más de $6.600 millones que fueron erróneamente pagados en noviembre del año pasado a contratistas, proveedores y otras personas vinculadas con diversas entidades estatales. La revelación se hizo en respuesta a un derecho de petición presentado por la senadora Paola Holguín, del Centro Democrático.
El 24 de noviembre el Estado pagó de dos a ocho veces el salario de funcionarios por una falla en el Sistema Integrado de Información Financiera (Siif). El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que la situación no podía volver a suceder y anunció medidas para recuperar la plata, como descuentos a funcionarios.
Sobregiros
Según el documento oficial, el valor de los recursos sobre girados el 24 de noviembre de 2023 ascendió a la impresionante cifra de 665.000 millones de pesos. Sin embargo, hasta el 24 de enero pasado, aún persisten sin recuperar $6.680 millones, generando preocupación sobre las medidas implementadas para solucionar esta compleja situación financiera.
Razones
Las razones detrás de la demora en la recuperación de estos fondos son variadas y complejas. En algunos casos, el Ministerio de Hacienda informa que el dinero no se encontró en las cuentas de los funcionarios destinatarios cuando se intentó realizar la reversión. Además, varios funcionarios no entregaron voluntariamente la cantidad indebida que recibieron.
Otro factor clave es la falta de descuentos de las nóminas de diciembre de 2023 y enero de 2024 del Presupuesto General de la Nación (PGN), lo que ha dificultado la recuperación de los fondos. La presencia de embargos y débitos automáticos también ha obstaculizado la compensación sobre las nóminas, ya que algunos funcionarios no cuentan con la capacidad de descuento en sus salarios.
El Ministerio también ha destacado que algunos funcionarios se encuentran en periodo de vacaciones, lo que complica la comunicación y la toma de medidas correctivas. Además, se ha señalado que algunos de los beneficiarios de los pagos indebidos no tienen actualmente vínculo laboral, como es el caso del Ejército.
Aunque aún no se han establecido claramente las consecuencias de esta situación, la afectación de los recursos públicos plantea la necesidad de establecer responsabilidades. Las autoridades competentes deberán evaluar detenidamente las circunstancias que llevaron a este error masivo en los pagos y determinar medidas correctivas para evitar situaciones similares en el futuro.
