La violencia sigue golpeando con fuerza al Pacífico nariñense. En el municipio de El Charco, Nariño, los enfrentamientos armados entre estructuras ilegales han provocado un desplazamiento masivo de 1.937 personas, según reportó la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Entre los afectados se encuentran 392 niños, niñas y adolescentes, lo que evidencia la gravedad de la emergencia humanitaria.
El Charco, un municipio estratégico en la costa pacífica de Nariño, ha sido escenario constante de disputa entre grupos armados ilegales que buscan el control de rutas del narcotráfico y de actividades ilícitas. Estos choques generan un ambiente de zozobra en las comunidades afrodescendientes e indígenas que habitan la región.
Los enfrentamientos recientes han puesto en riesgo la vida de centenares de familias que, forzadas a abandonar sus hogares, se han refugiado en albergues improvisados o en casas de familiares y amigos dentro del casco urbano del municipio.
La magnitud del desplazamiento
De acuerdo con OCHA, los 1.937 desplazados provienen principalmente de comunidades rurales que quedaron en medio del fuego cruzado. La mayoría llegó con lo poco que pudo cargar: algunas prendas de vestir, alimentos básicos y documentos personales.
Las autoridades locales han declarado que la capacidad de atención humanitaria está al límite y han solicitado apoyo urgente al Gobierno Nacional.
Respuesta institucional
La Unidad para las Víctimas y la Defensoría del Pueblo han hecho presencia en la zona para coordinar la asistencia humanitaria. El Ejército también ha reforzado su presencia en el área para intentar garantizar la seguridad de los habitantes y recuperar la tranquilidad.
El Gobierno Nacional anunció el envío de kits de alimentos, colchonetas y asistencia médica, pero las organizaciones sociales advierten que se requiere un plan integral y sostenido, pues la crisis humanitaria en Nariño es recurrente debido al control armado en la región.
Reacciones internacionales
Agencias de Naciones Unidas y organizaciones defensoras de derechos humanos han reiterado su llamado al Estado colombiano para proteger a las comunidades del Pacífico y avanzar en procesos de paz territoriales que permitan reducir la violencia.
En paralelo, líderes comunitarios han solicitado que se activen corredores humanitarios para garantizar el acceso a alimentos, medicinas y transporte seguro.
Un panorama de riesgo permanente
El desplazamiento masivo en El Charco se suma a otros episodios recientes en Nariño, uno de los departamentos más afectados por la confrontación armada. La situación refleja la persistencia de un conflicto que sigue afectando gravemente a la población civil, a pesar de los esfuerzos institucionales por contener la violencia.
