Mario Castaño quien fue condenado por ser el cerebro de un entramado corrupto en alrededor de siete departamentos, en donde según el expediente se habría apropiado de $43.000 millones de dinero público, ahora tiene una nueva adición a su caso.
Ahora, según fuentes afirman que Mario Castaño habría desviado recursos que robó al Estado para financiar campañas electorales.
La Corte Suprema debido a las presuntas sospechas que salieron a la luz pública puso la lupa al exrepresentante a la Cámara, José Joaquín Marchena por ser una de las fichas políticas de Castaño y haber recibido dinero para financiar su campaña electoral en el año 2022.
Por otra parte, siguiendo el hilo de las marionetas la Sala Especial de Instrucción abrió una investigación formal contra Marchena para determinar si para poder mantener su curul como representante de Arauca habría recibido recursos de procedencia ilícita por proceder de los actos de corrupción de Mario Castaño.
Lo que arrojan las investigaciones hasta el momento es que Marchena hace parte del Partido Liberal del periodo del año 2018-2022.
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De la misma colectividad era Castaño que confesó haber tejido una red de corrupción que permeó a seis departamentos además de torcer millonarios contratos a cambio de coimas para que fueran para personas elegidas directamente por él.
Castaño y Marchena se encuentran en manos de la Corte Suprema que tendrá que investigar a Marchena y dictarle una condena a Castaño por más de 10 delitos.
También se espera que se logre buscar a otros congresistas que estén salpicados con dineros sucios de Mario Castaño.
Por su parte, Mario Castaño se encuentra recluido en la Picota de Bogotá sin que su defensa haya tenido alguna victoria por sacarlo de prisión en varias ocasiones.
Sobre el caso puntual del congresista liberal Marchena, con el que al parecer se destapó un nuevo capítulo en la red de corrupción, se sabe que el alto tribunal lo vinculó mediante indagatoria por los supuestos delitos de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, falsedad y fraude procesal.
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