Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia en 2024 ha encendido las alarmas sobre la lenta y deficiente ejecución de la Reforma Agraria impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. A pesar de ser una de las principales banderas del actual gobierno, los datos reflejan que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) destina más recursos a su funcionamiento burocrático que a la compra y entrega de tierras a los campesinos.
Gasto desbordado
El documento de la ONU revela que, hasta el 22 de enero de 2025, el Fondo de Tierras acumuló 494.556 hectáreas, pero solo 154.568 han sido entregadas a campesinos, lo que equivale a un magro 5,32 % de la meta de 2,9 millones de hectáreas establecida para el cuatrienio. Además, la formalización de predios avanza a paso lento, alcanzando apenas el 32,7 % de los 3,9 millones proyectados.
Pero lo más preocupante es el desbalance financiero dentro de la ANT. Según el análisis del columnista Aurelio Suárez en la revista Semana, en 2024 la entidad destinó $301.477 millones para la compra de apenas 140 predios, mientras que el pago a 6.997 contratistas se elevó a $369.514 millones. En otras palabras, por cada peso invertido en la adquisición de tierras, la ANT gastó 1,22 pesos en nómina y burocracia.
El gasto en la estructura administrativa de la entidad no solo es excesivo, sino que ha crecido desproporcionadamente. En el último año, los costos generales de la ANT aumentaron un 35 %, pasando de $371.050 millones en 2023 a $503.545 millones en 2024. Este incremento incluye un 39 % más en viáticos y desplazamientos, así como un aumento del 44 % en honorarios para contratistas.
