La afirmación del viceministro para el Diálogo Social, Gabriel Rondón, de que “Colombia no puede seguir siendo un país productor de coca” no es nueva, pero sí vuelve a poner sobre la mesa una verdad incómoda: el problema de los cultivos ilícitos no se resolverá únicamente con voluntad política ni con discursos bien intencionados. Se trata de una deuda histórica del Estado con los territorios rurales, especialmente aquellos que, como el Cauca, han sido escenario de abandono, conflicto y economías ilegales impuestas por la falta de alternativas reales.
Decir que la coca ya no debe ser vista como la única opción económica para los campesinos es, en esencia, correcto. Sin embargo, esa afirmación choca con la realidad cotidiana de miles de familias que siguen enfrentando ausencia de vías, mercados inestables, altos costos de producción y una débil presencia institucional. Para muchos agricultores, la coca no representa una elección ideológica, sino una decisión forzada por la necesidad de sobrevivir en contextos donde el Estado llega tarde o no llega.
La sustitución de cultivos ha sido una política reiterada por distintos gobiernos, pero su implementación ha estado marcada por la improvisación y la falta de continuidad. Programas que se anuncian con entusiasmo terminan diluyéndose por falta de recursos, cambios administrativos o incumplimientos que erosionan la confianza de las comunidades. En ese escenario, pedirle al campesinado que abandone la coca sin garantizar ingresos estables y sostenibles resulta no solo injusto, sino inviable.
El caso del Cauca evidencia otro factor clave: la sustitución no puede imponerse desde los escritorios. Las recientes protestas de campesinos del Cañón del Micay contra la aspersión con glifosato reflejan el temor de las comunidades a medidas que históricamente han afectado cultivos lícitos, fuentes de agua y salud pública. El diálogo, tantas veces mencionado por el Gobierno, solo será creíble si se traduce en concertación real y no en decisiones unilaterales.
Además, la coca no es solo un cultivo; es el eje de una economía ilegal que se alimenta de la ausencia estatal y reproduce la violencia. Mientras no se desmantelen las estructuras que controlan territorios, fijan precios y coaccionan a los campesinos, la sustitución seguirá siendo frágil. La responsabilidad no puede recaer únicamente en quienes siembran, cuando los mayores beneficiarios del negocio permanecen en la sombra.
Colombia, como bien lo señala el viceministro, tiene un enorme potencial agrícola. Pero ese potencial requiere inversión, asistencia técnica, acceso a créditos, garantías de comercialización y seguridad en los territorios. Sin estas condiciones, la transición a economías lícitas se convierte en un salto al vacío para las comunidades rurales.
Superar la dependencia de la coca no es solo un reto productivo, sino político y ético. Implica reconocer que la paz y el desarrollo no se construyen erradicando cultivos, sino sembrando Estado donde durante décadas solo hubo abandono. Mientras eso no ocurra, la coca seguirá siendo, para muchos, la opción que el país no quiere ver, pero que tampoco ha sabido reemplazar.
