La magistrada del Consejo Nacional Electoral (CNE), Maritza Martínez, denuncio ser víctima de una campaña de desprestigio impulsada por el presidente Gustavo Petro y algunos miembros del alto Gobierno, incluido Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras. Esta situación surge tras la decisión de la Sala Plena del CNE de abrir una investigación y formular cargos a la campaña presidencial de Gustavo Petro por aparentes violaciones a los topes de financiación permitidos por la ley durante las elecciones de 2022.
Contexto
El pasado martes, la decisión del CNE de investigar la campaña que llevó a Petro a la Casa de Nariño en 2022 ha desatado una serie de reacciones en el entorno político colombiano. Martínez sostiene que, desde ese momento, Harman y otros funcionarios han dirigido ataques hacia su persona, con afirmaciones que considera «sugestivas, imprecisas y falsas». Estas acusaciones no solo la involucran a ella, sino también a su esposo, Luis Carlos Torres, en supuestas relaciones con grupos armados ilegales, lo que agrava aún más la situación.
La magistrada ha expresado que estos ataques han afectado gravemente su nombre, honra y reputación, exponiendo también la seguridad de su familia. A pesar de esta persecución, Martínez afirmó que no permitirá que estas acusaciones la distraigan de su deber como servidora pública. “Es un intento de desviar la atención de las decisiones legítimas que hemos tomado en el CNE”, afirmó.
Petro
Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha calificado la investigación del CNE como el inicio de un golpe de estado. En un contexto de creciente polarización política, Petro hizo un llamado a la movilización generalizada del pueblo colombiano, instando a todas las organizaciones populares a entrar en asamblea permanente.
Tensión
Este cruce de declaraciones entre el presidente Petro y la magistrada Martínez podría profundizar las tensiones institucionales en Colombia. La situación plantea interrogantes sobre la independencia del CNE y su capacidad para llevar a cabo investigaciones imparciales en un ambiente político tan polarizado.
En un país donde las relaciones entre las diferentes instituciones del Estado son fundamentales para el funcionamiento democrático, el conflicto entre el Gobierno y el CNE podría tener repercusiones a largo plazo en la percepción pública y en la legitimidad de las decisiones tomadas por el consejo electoral.
