La abogada venezolana María Alejandra Díaz confirmó mediante un comunicado difundido en sus redes sociales el martes que desde el 11 de enero se encuentra en la residencia del embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, donde le fue concedido asilo tras denunciar persecución por parte del gobierno venezolano. Díaz, quien es disidente del chavismo, informó que permanece a la espera de que le otorguen un salvoconducto para salir del país.
Desde enero, Díaz había denunciado públicamente “la persecución y la situación irregular de asedio” que la obligaba a mantenerse escondida, señalando directamente al gobierno venezolano como responsable de estas acciones.
Según la versión de Colombia, ante la solicitud de un salvoconducto para la referida abogada el gobierno Venezolano respondió asegurando que no era necesario porque “no pesa sobre ella ninguna orden de captura ni proceso judicial alguno abierto”. Destaca además que van a continuar con los esfuerzos para promover un dialogo franco y respetuoso con Venezuela en la búsqueda de salidas a esa situación en el marco de las normas internacionales. Consideran que Díaz se pronunció sobre el caso bajo su propia responsabilidad incumpliendo así las condiciones pactadas.
Aunque había emitido críticas al gobierno
de Nicolás Maduro en varias ocasiones, la tensión aumentó tras las elecciones presidenciales de 2024, cuando exigió la publicación detallada de los resultados en medio de una controversia que puso en duda la reelección de Maduro. Por su parte, el Gobierno de Nicolás Maduro ha defendido la veracidad de los resultados anunciados por el poder electoral ante los cuestionamientos nacionales e internacionales, aunque no mostraron las actas de votación.
Posteriormente, el 4 de noviembre de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia, alineado con el Ejecutivo, sancionó a Díaz suspendiendo temporalmente su ejercicio profesional e imponiéndole una multa. La abogada había introducido un recurso exigiendo mayor transparencia electoral, por lo que en ese momento ella misma calificó la sanción en su contra como un “pase de factura”.
Se consultó al poder judicial sobre el caso Díaz sin hasta ahora haber obtenido respuesta. El TSJ había justificado en el mismo documento la sanción contra Díaz tras calificar la acción legal que impulsó la jurista como “una temeridad” y un “irrespeto” contra dicha instancia, que fue la responsable de un proceso de peritaje de las actas electorales en medio de cuestionamientos por su falta de independencia.
