Este jueves 7 de agosto de 2025, en medio de la conmemoración de la Batalla de Boyacá, centenares de miles de ciudadanos se volcaron a las calles de más de 230 ciudades de Colombia —y también de algunos puntos en el exterior— para manifestar su solidaridad con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien recientemente fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Convocatoria e ideario de las marchas
El llamado a movilizarse fue realizado por el partido Centro Democrático, bajo el lema “Uribe Inocente” o “Por la libertad y la democracia”, con el fin de expresar rechazo a la sentencia judicial y respaldar al líder político en plena crisis judicial. Estas marchas surgieron en un momento álgido del escenario político —a pocos meses de las elecciones presidenciales de 2026, en medio de una sociedad profundamente polarizada.
Desarrollo en las principales ciudades
- Bogotá: La jornada inició hacia las 9:00 a.m. en el Parque Nacional, con dirección al Capitolio Nacional. La movilización fue mayoritariamente pacífica y sin bloqueos al transporte masivo.
- Medellín: Comenzó en la Avenida Oriental, congregando entre 5.000 y 11.000 personas. Llevó consigo una banda marcial de la Reserva de la Policía y numerosas pancartas pro-Uribe.
- Barranquilla: Inició desde la estación del MetroPlus «La Playa», con similares cifras y llegada ordenada a la Plazoleta Jairo Varela.
- Otras ciudades: En Cali se reportaron enfrentamientos verbales entre uribistas y opositores, aunque sin violencia significativa. En Bucaramanga, Cartagena, Pereira y Villavicencio también hubo manifestaciones con decenas de miles de personas, muchas con camisetas blancas y banderas nacionales.
Reacciones y contexto político
El expresidente Uribe agradeció públicamente el respaldo recibido, a través de sus redes sociales, diciendo estar conmovido por el apoyo de “cada oración, cada paso y cada voz” durante las marchas.
Este episodio ocurre en el marco de un proceso judicial que comenzó hace más de una década, derivado de investigaciones sobre manipulación de testigos entre 2012 y 2018. Su condena ha intensificado la polarización política y reavivado la influencia del uribismo en la coyuntura nacional.
