La noche del sábado, el presidente Gustavo Petro hizo referencia a decenas de manifestantes detenidos durante las protestas sociales, por sus presuntos vínculos con hechos delictivos en medio de las acciones de calle. Lo que generó revuelo nacional fue el anuncio del mandatario sobre la posible liberación de estas personas y su nombramiento como “gestores de paz”.
Por supuesto que las reacciones de grupos políticos y sociales, la mayoría adversa al nuevo Gobierno, no se hicieron esperar, considerando que una vez más, el jefe de Estado envía al país y al mundo un mensaje equivocado.
Creen estos sectores que el nuevo ocupante de la Casa de Nariño pone de relieve los derechos de personas que han delinquido que los de sus propias víctimas, al considerar justo que sean puestos en libertad en diciembre, por cuanto a que “merecen celebrar las navidades junto a sus familias”.
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Manifestantes judicializados por terrorismo
“Protestar en Colombia es un derecho que debe ser garantizado y quien lo haga debe hacerlo pacíficamente. Sin embargo, los integrantes de la primera línea que están detenidos están siendo judicializados por terrorismo, homicidio, tortura y no por protestar”, dijo el senador Miguel Uribe. También agregó que “Gustavo Petro no puede seguir empoderando y dándole oportunidades a los criminales y bandidos mientras que a la gente buena los deja sin alternativa”.
Lo que más preocupa a los colombianos es que de concretarse el anuncio, el mandatario estaría legalizando los hechos delictivos en el país. Pero también, estaría decidiendo sobre un asunto que compete únicamente al Poder Judicial.
La independencia de poderes en un país da cuenta de su talente democrática y si transgrede este principio, estaría actuando igual a regímenes autoritarios como los de Nicaragua, Venezuela y Cuba, los cuales han hecho mucho daño a sus propios ciudadanos.
“No puede violar la independencia de poderes y la ley. No puede olvidar que es presidente y no dictador”, aseguró el senador Uribe, uno de los principales detractores de este gobierno, el cual se ha caracterizado por las polémicas desatadas en tan poco tiempo.
El pronunciamiento
La senadora Paloma Valencia también se ha pronunciado en torno a este particular. Al igual que ella, millones de colombianos se preguntan cuál es la justificación jurídica que usará el Estado para concretar esta determinación, la cual ha calificado de fatal y equivocada.
Ahora nos queda esperar si en realidad el Gobierno está dispuesto a dar este paso para beneficiar a estos manifestantes detenidos por delitos graves. Mientras tanto, sus víctimas se preguntan si al Ejecutivo en realidad le importan sus derechos y si ha olvidado el sufrimiento al que fueron sometidos por este grupo que podría estar cerca de burlar la justicia.
