La política riverense cierra un capítulo que mantuvo en vilo a la comunidad y al escenario jurídico regional: el Consejo de Estado ratificó la elección de Luis Humberto Alvarado Guzmán como alcalde de Rivera, despejando las acusaciones de inhabilidad que pendían sobre su mandato. La controversia giraba en torno a su parentesco con Nidia Guzmán Durán, actual rectora de la Universidad Surcolombiana, y la presunta influencia derivada de contratos y convenios suscritos entre esa alma máter y el municipio durante el periodo electoral.
Fallo
La decisión del alto tribunal dejó claro que no existió prueba suficiente para demostrar que Guzmán Durán ejerciera autoridad en el municipio de Rivera que pudiera comprometer la neutralidad democrática. Aunque los demandantes insistieron en la supuesta “cogestión” entre universidad y municipio, el Consejo de Estado precisó que los convenios educativos en cuestión carecían de implicaciones políticas directas y que no se acreditó injerencia alguna que vulnerara las normas de inhabilidad.
La defensa del mandatario sostuvo que los lazos de parentesco no pueden, por sí solos, deslegitimar una elección popular, máxime si no existe evidencia de interferencia en decisiones administrativas locales. “Se ha hecho justicia y se preserva la voluntad del pueblo riverense”, afirmó Alvarado Guzmán tras conocer el fallo.
Para los simpatizantes del alcalde, el fallo representa la consolidación de un mandato legítimo, especialmente cuando Rivera se encuentra desarrollando proyectos clave en infraestructura, turismo y medio ambiente. “El municipio no podía quedar atrapado en una disputa jurídica indefinida mientras se requieren acciones firmes para impulsar el desarrollo”, expresó un líder comunal.
No obstante, el episodio deja lecciones profundas sobre la fragilidad de la confianza política cuando median lazos familiares y relaciones contractuales en territorios pequeños. La transparencia y la claridad en los procesos contractuales serán, sin duda, retos permanentes para la administración de Alvarado Guzmán, que deberá blindarse contra nuevas suspicacias.
Control
El caso también genera eco en la política regional, donde las redes familiares y profesionales suelen entrelazarse en la vida pública. Organizaciones civiles han llamado a fortalecer los mecanismos de control y veeduría ciudadana para evitar que los vínculos personales generen sombras de duda sobre la legalidad de los mandatos.
Para Rivera, el panorama inmediato es de continuidad. Luis Humberto Alvarado Guzmán retoma con más fuerza su agenda de gobierno, decidido a demostrar que, más allá de los apellidos, su gestión se medirá por los resultados que pueda entregar a una comunidad que sigue expectante.
La democracia, recordó el Consejo de Estado en su fallo, se construye sobre pruebas, no sobre conjeturas. Y, al menos por ahora, Rivera ha zanjado una de sus batallas políticas más complejas.
