Procuraduría investiga a Álvaro Prada por autorizar un espectáculo taurino sin garantías legales.
Un verdadero escándalo sacude al municipio de El Guamo, en el departamento del Tolima. El alcalde Álvaro Augusto Prada Rueda quedó en el ojo del huracán tras ser acusado de avalar una fiesta taurina organizada en condiciones precarias y sin cumplir las exigencias legales mínimas. El evento, que se desarrolló en un coliseo improvisado, despertó indignación porque, según la investigación, el mandatario habría ignorado reiteradas advertencias técnicas y permitido que la estructura se levantara sin permisos ni medidas de seguridad.
La Procuraduría General de la Nación decidió actuar y abrió un proceso disciplinario contra el mandatario. Según el ente de control, Prada Rueda dio luz verde al espectáculo a pesar de que varias entidades habían alertado sobre los riesgos. El espacio escogido para el evento carecía de licencias urbanísticas, aval ambiental y un plan de gestión del riesgo que protegiera la vida de los asistentes.
Uno de los aspectos más graves de la investigación apunta a los materiales utilizados en la construcción del coliseo. De acuerdo con el material probatorio, las graderías y la estructura principal fueron levantadas con madera previamente decomisada por Cortolima, ya que no contaba con un origen identificado. Pese a esta irregularidad, las obras siguieron adelante con el aval del mandatario local, lo que evidenciaría una conducta negligente y deliberada.
A este panorama se suma la ausencia de certificaciones de seguridad expedidas por las autoridades competentes. En otras palabras, la vida de los asistentes estuvo expuesta durante toda la jornada taurina. La Procuraduría Provincial de Instrucción de Chaparral fue la encargada de adelantar la indagación y concluyó que la actuación del alcalde podría catalogarse como una falta grave cometida con dolo, es decir, con pleno conocimiento de sus posibles consecuencias.
Uno de los aspectos más graves de la investigación apunta a los materiales utilizados en la construcción del coliseo. De acuerdo con el material probatorio, las graderías y la estructura principal fueron levantadas con madera previamente decomisada por Cortolima, ya que no contaba con un origen identificado. Pese a esta irregularidad, las obras siguieron adelante con el aval del mandatario local, lo que evidenciaría una conducta negligente y deliberada.
A este panorama se suma la ausencia de certificaciones de seguridad expedidas por las autoridades competentes. En otras palabras, la vida de los asistentes estuvo expuesta durante toda la jornada taurina. La Procuraduría Provincial de Instrucción de Chaparral fue la encargada de adelantar la indagación y concluyó que la actuación del alcalde podría catalogarse como una falta grave cometida con dolo, es decir, con pleno conocimiento de sus posibles consecuencias.
