El gestor de paz Salvatore Mancuso se retractó públicamente de la acusación contra Álvaro Uribe Vélez por el asesinato del exalcalde Eudaldo León Díaz, cometido en 2003.
La acusación inicial ante la JEP
En 2023, Mancuso declaró ante la Jurisdicción Especial para la Paz que el entonces presidente Álvaro Uribe habría ordenado retirar el esquema de protección del alcalde de El Roble. Según su versión, esa decisión facilitó el crimen ejecutado por las AUC.
El exparamilitar aseguró que el alcalde denunció en un Consejo Comunitario que lo iban a matar y que, pese a la alerta, perdió su seguridad. Mancuso sostuvo que ese episodio evidenciaba responsabilidad del exmandatario.
Ratificación y querella penal
Tras su intervención ante la JEP, Mancuso reiteró sus señalamientos en un comunicado público. Esa ratificación llevó al expresidente Uribe a presentar una querella en su contra, argumentando que la versión era falsa y afectaba su honra.
La Fiscalía convocó entonces una diligencia de conciliación para evaluar la disputa penal entre ambas partes. El proceso buscaba que Mancuso sustentara o rectificara sus afirmaciones.
La retractación ante la Fiscalía
Durante la diligencia, el gestor de paz reconoció que no cuenta con pruebas que vinculen al exmandatario con el homicidio del alcalde Eudaldo León Díaz. Mancuso admitió que sus afirmaciones no podían sostenerse jurídicamente.
“Manifiesto que no me consta que el doctor Álvaro Uribe Vélez hubiera participado en la lamentable acción criminal perpetrada por las AUC”, señaló el exparamilitar en su declaración formal. Dijo además que no posee evidencias que demuestren alguna relación directa o indirecta del expresidente con la decisión que terminó en el crimen.
Un punto de inflexión en su rol como gestor de paz
La retractación marca un giro en la participación de Mancuso como gestor de paz designado por el Gobierno. Su papel exige aportar verdad y contribuir al esclarecimiento de crímenes ocurridos durante el conflicto.
La acusación contra Álvaro Uribe Vélez generó tensiones políticas, especialmente por el peso mediático de sus declaraciones y por el contexto de justicia transicional. La falta de pruebas, confirmada por el propio Mancuso, podría reconfigurar la evaluación de su credibilidad ante la JEP y la opinión pública.
Lo que sigue en el proceso
Tras la retractación, la Fiscalía evaluará si continúa la querella interpuesta por el expresidente o si la conciliación cierra el caso penal. El procedimiento también podría abrir un debate sobre la responsabilidad de quienes participan en escenarios de verdad y reparación.
Por ahora, la declaración de Mancuso desmonta su versión inicial y reduce la controversia jurídica que enfrentaba con el exmandatario. El proceso continuará bajo revisión de las autoridades competentes.
