El Tribunal Superior de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz, emitió una sentencia contra Salvatore Mancuso, antiguo líder del Bloque Catatumbo de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y 45 de sus colaboradores. La condena abarca 1.323 crímenes cometidos entre mayo de 1999 y diciembre de 2004 en Norte de Santander.
La Fiscalía reveló que la sentencia incluye:
- 568 homicidios, como los ocurridos en masacres en Villa del Rosario, Arboledas, Los Patios, El Tarra y Tibú.
- 55 casos de desaparición forzada, en su mayoría contra civiles y líderes comunitarios cuyo paradero sigue siendo desconocido.
- 700 hechos de desplazamiento forzado, entre otras graves violaciones a los derechos humanos.
Estas conductas fueron calificadas como crímenes de guerra y de lesa humanidad, marcadas por masacres, desplazamientos, secuestros, desapariciones, amenazas y violencia sexual.
- Mancuso fue condenado a 480 meses de prisión (40 años). Sin embargo, debido a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, su pena se redujo a 8 años, los cuales ya cumplió.
- Otros responsables recibieron penas de entre 20 y 40 años de cárcel, aunque también accederán a la pena alternativa estipulada por esta ley.
El fallo ordena además a los exintegrantes de las AUC realizar reparaciones económicas a las víctimas, cubriendo daños materiales y morales.
En medio de esta decisión judicial, el presidente Gustavo Petro designó a Mancuso como gestor de paz, con el objetivo de contribuir al diálogo y la reconciliación en Colombia bajo la política de «paz total». Esta designación ha generado polémica en diversos sectores del país.
La sentencia busca dignificar la memoria de las víctimas, a quienes se les reconoció como personas inocentes afectadas por las dinámicas de la guerra. Sin embargo, el debate sobre la justicia transicional, los beneficios otorgados y el papel de los excombatientes en la paz sigue vigente en la sociedad colombiana.
