Aquileo Medina enfrenta señalamientos por 44 hallazgos de presuntas irregularidades.
Un informe explosivo de la Contraloría Municipal dejó al descubierto una cadena de irregularidades en el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Ibagué, bajo la dirección de Aquileo Medina Arteaga. El documento, emitido en julio de 2025, reveló 44 hallazgos que comprometen seriamente la gestión financiera y operativa de este ambicioso proyecto de movilidad.
Entre los hallazgos más llamativos está el uso indebido de recursos de caja menor para compras no esenciales como escapularios y propinas, con un valor total de $1.620.197. La auditoría señaló que este tipo de egresos no tienen justificación técnica ni administrativa y contravienen la normatividad de contratación estatal.
Además, se detectaron inconsistencias por más de $71 millones en cuentas por pagar sin respaldo contable, lo que compromete la precisión del pasivo institucional. También se evidenció el fraccionamiento de gastos para eludir procesos de contratación, la ausencia de pólizas de seguros en varios periodos, y el inadecuado control sobre activos fijos.
El informe de la Contraloría evidenció diferencias por $8.946 millones en recursos no girados por la Nación, pero que fueron contabilizados como recibidos, lo que generó una sobrestimación del presupuesto de inversión. Esta práctica pone en tela de juicio la integridad de los estados financieros del SETP.
Otras falencias incluyen inconsistencias en ingresos y gastos, saldos negativos en prestaciones sociales, y un sistema de control interno debilitado. La auditoría arrojó calificaciones deficientes en políticas contables, conciliaciones bancarias y presentación de información financiera. De los $26.450 millones apropiados para inversión, apenas se ejecutó el 59%, mientras que la liquidez disminuyó en 34,4% entre 2023 y 2024.
El gerente del SETP, Aquileo Medina, fue informado oficialmente de los hallazgos y tuvo la oportunidad de controvertirlos. No obstante, la mayoría fueron ratificados por los auditores, lo que deja abierta la puerta a posibles investigaciones fiscales, disciplinarias o penales.
Con este informe, la confianza en la administración del SETP queda profundamente golpeada, justo en momentos en que la ciudadanía clama por transparencia y avances reales en movilidad. El futuro del proyecto, clave para Ibagué, ahora depende de lo que determinen los entes de control.
