Tres países del Sahel —gobernados por militares— anunciaron oficialmente su salida de la Corte Penal Internacional (CPI/ICC), acusándola de mantener un sesgo contra África. Con esta decisión, se afianzan alejados de organismos internacionales tradicionales y buscan alianzas estratégicas distintas, incluido mayor acercamiento a Rusia.
Sahel, África — septiembre de 2025.
Mali, Burkina Faso y Níger, gobernados por regímenes militares, anunciaron hoy su retirada formal de la Corte Penal Internacional (CPI), tras más de dos décadas como miembros. En un comunicado conjunto, los gobiernos expresaron que la Corte se ha convertido en lo que ellos consideran una “herramienta de opresión neocolonial”.
Los tres países también han abandonado la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS) y han formado un bloque propio llamado Alianza de Estados del Sahel. Esta decisión se suma a su alejamiento de la cooperación con potencias occidentales, y su búsqueda de socios alternativos estratégicos, entre los que se incluyen vínculos crecientes con Rusia.
Algunos puntos clave:
- Mali, Burkina Faso y Níger han estado involucrados en conflictos internos, con presencia de grupos islamistas armados. Fuerzas militares y milicias en esas regiones han sido acusadas de violaciones de derechos humanos, ejecuciones sumarias y otros abusos.
- En particular, la CPI tenía investigaciones abiertas en Mali desde 2013 por presuntos crímenes de guerra cometidos en zonas como Gao, Tombuctú y Kidal.
- Los gobiernos señalaron que no se detallaron en el comunicado conjunto ejemplos concretos de fallos específicos de la Corte, pero enfatizaron que ésta no ha procesado con efectividad ni justicia los casos que involucran fuerzas nacionales.
Esta retirada representa un desafío serio para la Corte Penal Internacional y para la justicia internacional en general. Al distanciarse de organismos que investigan posibles abusos, estos países podrían estar aumentando su impunidad, al mismo tiempo que transforman sus alianzas políticas y militares. En el Sahel, donde la seguridad, gobernabilidad y derechos humanos ya enfrentan tensiones fuertes, esta medida podría tener impactos duraderos tanto en el sistema legal internacional como en las dinámicas regionales de poder.
