Malhechores tras las rejas

Duberney Galvis y Juan Giraldo fueron enviados a prisión por presuntamente retener
militares.
Entre marzo y septiembre de 2025 habrían coordinado tres secuestros que afectaron a 157
integrantes de la fuerza pública.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a
Duberney Galvis, y Juan Pablo Giraldo, como presuntos responsables de tres secuestros de
integrantes de la fuerza pública, ocurridos entre marzo y septiembre de 2025 en los
municipios de Argelia y El Tambo, Cauca.
De acuerdo con la investigación, los procesados se habrían articulado con la estructura
Carlos Patiño de las disidencias de las Farc con el propósito de movilizar y persuadir a
civiles para que retuvieran ilegalmente a uniformados que adelantaban operaciones en la
zona. Las autoridades señalan que su rol no solo habría sido de coordinación, sino también
de dirección y negociación durante los hechos.
Los hechos
El primer caso se registró entre el 6 y el 8 de marzo de 2025 en el corregimiento El
Plateado, donde 28 policías fueron retenidos. Posteriormente, en junio del mismo año, 57
militares habrían sido llevados contra su voluntad desde la vereda La Hacienda hasta el
sector Fondas, en El Tambo. El tercer episodio ocurrió entre el 7 y el 8 de septiembre de
2025 en el cerro El Tigre, ubicado en el corregimiento Honduras, donde 72 militares
permanecieron privados de la libertad.
Según el ente acusador, Galvis y Giraldo habrían dado instrucciones para mantener a los
funcionarios en cautiverio y, posteriormente, sostenido diálogos con entidades estatales en
busca de concesiones para el grupo armado ilegal, con el fin de concretar las liberaciones.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los
delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir, ambas conductas agravadas. Los
procesados no aceptaron los cargos y el juez les impuso medida de aseguramiento en
centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan con el fin de establecer si
existen otras personas involucradas en estos hechos y determinar el alcance de la presunta
coordinación con el grupo armado ilegal. Asimismo, reiteraron que este tipo de conductas
atentan gravemente contra la integridad y la libertad de los uniformados, por lo que
aseguraron que se mantendrán las acciones judiciales necesarias para esclarecer lo
ocurrido y garantizar que los responsables respondan ante la justicia.