El concejal Ríos afirmó que el municipio cuenta con recursos, pero no se están ejecutando.
Redacción Extra
En un intenso debate de control político, el concejal Jhon Ríos expresó su preocupación por la gestión financiera de la Secretaría de Hacienda del municipio, señalando que las cifras presentadas por la funcionaria son «vacías y frías», y que no reflejan la realidad de la comunidad.
Sin soluciones
Ríos afirmó que, aunque el municipio cuenta con recursos económicos, estos no se traducen en soluciones concretas para la ciudadanía. “La realidad en este municipio es que tenemos plata, pero no tenemos soluciones, no tenemos ningún tipo de obra nueva significativa que se haya adelantado en este año y cuatro meses de esta administración”, manifestó el concejal durante su intervención.
Presupuesto
El concejal destacó que, en el informe presentado por la Secretaría de Hacienda, se reconoce que se adicionaron más de 31 mil millones de pesos al presupuesto para 2025. Sin embargo, Ríos subrayó que esta cifra no es resultado de una buena gestión financiera, sino de un superávit generado por la falta de ejecución del presupuesto de 2024. “Este superávit no se generó por una verdadera planificación ni por una inversión eficiente en obras y servicios sociales, sino por la ineficacia en la ejecución del presupuesto pasado”, puntualizó.
Según Ríos, la administración municipal no logró ejecutar la totalidad del presupuesto destinado a 2024, lo que provocó que sobraran recursos que, en lugar de ser invertidos en solucionar las necesidades de la comunidad, se trasladaron al año siguiente como superávit. “Estamos hablando de una mala planificación y de una escasa inversión en las prioridades reales del municipio”, afirmó el concejal.
Crítica
El concejal también criticó que los recursos disponibles no se estén destinando a resolver las problemáticas más apremiantes de la comunidad. “Los recursos no se están ejecutando en resolver las verdaderas necesidades del municipio, y eso nos preocupa profundamente”, concluyó Ríos, quien instó a la administración a priorizar las obras y programas que realmente beneficien a la población, en lugar de mantener cifras en papel que no reflejan avances concretos en la calidad de vida de los ciudadanos.
