La Corte Constitucional postergó el estudio definitivo sobre la reforma pensional, pero el magistrado Jorge Enrique Ibáñez encendió la polémica al ordenar 17 pruebas antes de avanzar en el caso. Entre ellas, solicitó al Dapre confirmar si el presidente Gustavo Petro salió del país el 27 de junio, día clave en la expedición del decreto que convocó a sesiones extraordinarias del Congreso. Magistrado Ibáñez exige pruebas antes de fallar reforma pensional.
El documento firmado por Ibáñez también exige a la Cámara de Representantes detalles sobre las citaciones, el quórum y el proceso de aprobación de la reforma. El auto busca verificar si se cumplieron los requisitos constitucionales en el trámite legislativo, justo cuando la Corte ya había advertido sobre posibles vicios de procedimiento.
Gobierno responde con fuerza: «Hay más política que ley»
El ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó duramente la actuación del magistrado Ibáñez. Aseguró que el alto tribunal “altera el procedimiento de revisión de una ley que 3 millones de viejos y viejas están esperando”. Benedetti no dudó en afirmar que el auto tiene tintes políticos más que jurídicos y advirtió una extralimitación por parte de la Corte.
El presidente Gustavo Petro fue más allá. En su cuenta de X, calificó la decisión como un “golpe de Estado” disfrazado y defendió la legalidad del trámite legislativo. “La ley se aprobó dos veces en el Congreso. Impedir su aplicación es un simple golpe de Estado”, sentenció. A pesar del fallo pendiente, Petro anunció que ya comenzó la aplicación de medidas incluidas en la reforma.
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Petro implementa reforma pese a revisión judicial
Según el mandatario, desde ya se amplía el bono pensional para hombres mayores de 75 años y mujeres de 70 sin pensión. También se habilitó la inscripción de mujeres mayores de 62 y hombres mayores de 65 sin cobertura pensional. El presupuesto 2026 ya incluye los recursos necesarios para financiar estos beneficios.
El nuevo modelo pensional propone un sistema de pilares mixtos: un componente público a través de Colpensiones y otro privado gestionado por fondos individuales. Aunque sectores del país aún debaten los alcances de esta reforma, la presidencia insiste en que su ejecución no puede esperar más, mientras la Corte continúa su revisión legal del proceso.
