La reciente captura en Barranquilla de Jorge Oswaldo Castaño Galindo, señalado como proveedor de armamento para grupos paramilitares y el Clan del Golfo, ha destapado un escándalo político en Ibagué. El detenido mantiene un vínculo directo con el poder: es suegro de la hija de la actual alcaldesa Johana Aranda y fue contratista estrella durante la administración de Andrés Hurtado, padrino político de la mandataria.
Contratos bajo lupa
Documentos judiciales revelan que la empresa de Castaño Galindo obtuvo millonarios contratos públicos durante el gobierno de Hurtado (2016-2019), mismo que impulsó la carrera política de Aranda. La gravedad aumenta al conocerse que según investigaciones, esta compañía habría surtido armas a peligrosos capos del Clan del Golfo como alias ‘Pájaro’ y ‘Terror’.
El escándalo toma mayores dimensiones al descubrirse que Omaira Méndez Losada, esposa del capturado, es funcionaria del CTI en Tolima. Esta situación genera profundas dudas sobre posibles conflictos de interés y fallas en los mecanismos de control dentro de las instituciones judiciales.
El caso expone tres graves problemas estructurales: el primero, las posibles irregularidades en la contratación pública; el segundo, las redes familiares que conectan el poder político y judicial; y el tercero, las fallas sistemáticas en los controles de inteligencia.
La alcaldesa Aranda enfrenta su primera gran crisis política mientras crecen los cuestionamientos por su silencio ante estos hechos.
Organizaciones sociales y veedurías ciudadanas exigen a la Procuraduría General auditar todos los contratos adjudicados a redes vinculadas con Castaño Galindo y aplicar medidas de control político para investigar posibles nexos en la administración municipal.
