Al menos tres soldados han sido secuestrados en menos de un mes en la subregión colombiana del Catatumbo, en el departamento de Santander, al noreste del país.
Se trata de Dayán Leonardo Dávila Chona, Jeison Martínez Tapias y Huver Fabián Chogo Becerra, cuyas familias piden pruebas de que siguen vivos y en buen estado de salud.
Milena Chona, es la madre del militar Dayán Leonardo Dávila Chona, quien fue secuestrado el pasado jueves en la vía que conduce de Ocaña a Cúcuta, cuando conducía un carro que transportaba una misión médica que atendía a personal militar.
Dávila fue sorprendido por hombres armados que tenían un retén ilegal en Brisas del Tarra, en el municipio de Ábrego. En ese momento, el militar se vio obligado a detener el vehículo tras ser tiroteado, hechos en los que el grupo criminal incineró al mismo tiempo un tractocamión.
Desde el principio su madre sospechó que algo no iba bien, «como madre sé los riesgos que conlleva esta profesión, pero pido a los que se lo llevaron que respeten su vida y me envíen una prueba de supervivencia. Me pondría mil veces en su lugar», dijo.
El castrense Jeison Martínez Tapias, también fue víctima de secuestro un día antes de que Dávila fuera raptado. Iba en compañía de otro soldado conduciendo un camión cisterna para llevar agua a la comunidad de la vereda Vetas Central, en el municipio de Tibú, tras pasar cuatro días sin el servicio.
Su compañero, que logró escapar a una zona selvática, fue quien denunció el secuestro y culpó al Eln del hecho.
Del soldado Huver Fabián Chogo Becerra, secuestrado el 15 de septiembre en la vereda El Rosal del municipio de El Tarra, no se tienen noticias y se desconoce su paradero.
Disputa por los cultivos de coca
Según el diario El Colombiano, el Catatumbo es la segunda región del país con más cultivos de coca, con 40.116 hectáreas sembradas en 2020. La semana pasada, el Ministerio de Defensa calificó de secuestro la retención de 180 soldados a los que se les impidió realizar la erradicación manual de la hoja de coca.
La Defensoría del Pueblo se comprometió a emprender acciones para lograr la liberación de los soldados, mientras que el Ejército Nacional de Colombia denunció estos hechos como una violación del Derecho Internacional Humanitario, ya que en el momento del secuestro, los soldados se encontraban indefensos y realizando labores humanitarias.
