La Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria al congresista Miguel Polo Polo por un hecho que desató una fuerte indignación en el país: lanzar a bolsas de basura las botas artísticas que simbolizaban a los jóvenes asesinados en los llamados falsos positivos, presentados como guerrilleros muertos en combate. La diligencia fue programada para el 10 de octubre, y se enmarca en la denuncia presentada por los congresistas Iván Cepeda y María José Pizarro.
El acto de Polo Polo, grabado y difundido por él mismo en redes sociales, fue considerado por las Madres de Soacha (MAFAPO) como una burla y una agresión contra la memoria de sus hijos. Para ellas, las botas no eran simples objetos, sino símbolos del duelo y la exigencia de justicia por los crímenes cometidos.
Lejos de retractarse, el congresista defendió su postura e hizo un llamado a sus seguidores a acompañarlo el día de la indagatoria, acusando a la Corte de estar instrumentalizada por la izquierda y presentándose como defensor de la Fuerza Pública. Sus declaraciones profundizaron la polémica, al insistir en un discurso desafiante frente a la justicia y a las víctimas.
Ante ello, las Madres de los falsos positivos convocaron a un plantón frente a la Corte Suprema el mismo día y a la misma hora de la citación judicial. El objetivo de la manifestación es visibilizar nuevamente el dolor que cargan desde hace más de una década y exigir respeto hacia la memoria de sus hijos. En sus mensajes, recordaron que “detrás de cada bota hay un hijo que nunca regresó” e invitaron a la sociedad a solidarizarse con su causa.
El proceso contra Polo Polo representa, para las víctimas, un paso simbólico importante en la lucha contra la impunidad y en la defensa de la memoria histórica. Mientras el congresista busca convertir el caso en una cruzada política, la Corte Suprema parece dar un espacio a las voces de las víctimas, que reclaman que el dolor no se convierta en espectáculo político.
El próximo 10 de octubre, la confrontación será no solo en los estrados judiciales, sino también en las calles de Bogotá, donde la memoria y la dignidad de las Madres de Soacha volverán a ser protagonistas. El caso refleja la tensión permanente en Colombia entre la exigencia de justicia de las víctimas del conflicto armado y las narrativas políticas que intentan deslegitimar o minimizar su sufrimiento.
