El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que la causa de muerte de una niña de dos años, ocurrida el 8 de agosto de 2020 en Villa Garzón, Putumayo, fue una insuficiencia respiratoria aguda provocada por asfixia. El dictamen también reveló que la menor tenía un nivel de alcoholemia de primer grado, lo cual indica la presencia de licor en su organismo al momento del fallecimiento.
La investigación, liderada por la Fiscalía General de la Nación, permitió esclarecer los hechos y establecer la responsabilidad de la madre de la víctima. La mujer fue hallada culpable por un juez de conocimiento y condenada a una pena de 33 años y 3 meses de prisión por el delito de homicidio agravado. La decisión judicial quedó en firme y se libró orden de captura en su contra para hacer efectiva la sentencia.
Según el expediente, la hoy condenada pertenecía a un resguardo indígena del departamento de Putumayo. El día de los hechos, su esposo se había ausentado del hogar para salir de cacería, lo que dejó a la mujer sola con la niña. Fue en ese momento cuando ocurrieron los hechos que condujeron al fallecimiento de la menor.
Las autoridades detallaron que la madre, en un supuesto juego, cubrió la cabeza de su hija con una bolsa plástica. Además, la obligó a ingerir licor, lo que agravó su condición física. La menor perdió la vida por la obstrucción de sus vías respiratorias. En lugar de buscar ayuda médica, la madre trasladó a la niña sin vida a una habitación, la acostó sobre una colchoneta y luego se dirigió a otro cuarto para descansar.
Fueron las labores de policía judicial y los análisis técnicos de Medicina Legal los que permitieron demostrar la secuencia de los hechos y la causa concreta de la muerte. Los informes sirvieron como prueba determinante en el proceso penal que condujo a la condena de Ojeda.
El caso generó conmoción tanto en el resguardo indígena como en el municipio de Villa Garzón. Aunque no se ha revelado el nombre completo de la mujer por tratarse de una comunidad indígena, la Fiscalía aseguró que se tomaron todas las medidas para garantizar el debido proceso y el respeto a las normas culturales sin que eso afectara el acceso a la justicia.
La gravedad del caso fue un factor clave para la aplicación de la pena máxima contemplada en este tipo de delitos.
