Una atroz masacre sacude nuevamente al suroccidente del país. Nueve integrantes de la estructura armada ilegal ‘Jaime Martínez’, disidencia de las FARC, fueron encontrados sin vida en distintos puntos de la zona rural, con señales evidentes de tortura. Según información de inteligencia militar, el múltiple crimen habría sido ordenado por los altos mandos del grupo armado tras descubrir un millonario robo y una posible deserción.
Las víctimas, al parecer, habían sustraído varios miles de millones de pesos producto del narcotráfico y se encontraban en planes de cambiar de organización armada. Esta supuesta traición habría motivado el brutal castigo interno.
Los cuerpos, algunos en avanzado estado de descomposición, fueron hallados en diferentes veredas, lo que indicaría que el hecho no fue espontáneo, sino una operación planeada para desaparecerlos en zonas de difícil acceso. Las autoridades no descartan que el crimen haya sido cometido en un mismo campamento y luego los cadáveres distribuidos estratégicamente para dificultar su identificación.
Hasta el momento, dos de los fallecidos han sido plenamente identificados. Se trata de Mabel Alejandra Quiguanas Rivera, oriunda del resguardo de Tacueyó, y Pedro Nel Tróchez Yonda, natural del municipio de Toribío, ambos ubicados en el norte del departamento del Cauca, una zona históricamente golpeada por el conflicto armado y la presencia de estructuras narcotraficantes.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y expertos de Medicina Legal adelantan labores de inspección, identificación y análisis forense, mientras que unidades del Ejército y la Policía realizan operativos en la zona montañosa para ubicar el supuesto campamento donde habría tenido lugar la ejecución. Este hecho pone nuevamente en evidencia las fracturas internas y el nivel de violencia extrema que impera dentro de las disidencias de las FARC, especialmente en estructuras como la ‘Jaime Martínez’, señalada de controlar rutas del narcotráfico en el suroccidente del país. También subraya los desafíos en materia de seguridad para las comunidades rurales que siguen quedando en medio de estos crímenes atroces.
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Alejandra Quiguanas y Pedro Nel Tróchez Yonda, acribillados.
