El expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien cumple una condena de doce años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, y una inhabilitación por ocho años para ejercer cargos públicos, sigue activo en la arena política desde su residencia. Ha impulsado una convocatoria para una movilización el 7 de agosto de 2025, respaldada por su partido, el Centro Democrático, como respuesta a lo que consideran una persecución política del gobierno actual. La senadora Paloma Valencia ha advertido que el encarcelamiento de Uribe podría ser el inicio de una deriva autoritaria, mientras desde sectores del Pacto Histórico celebran que rindan cuentas por posibles violaciones a derechos humanos
La defensa de Uribe ha presentado una tutela para solicitar la suspensión de su detención domiciliaria, apelando la sentencia antes del 15 de octubre de 2025, en un intento por revocar la condena en segunda instancia. Este episodio ha intensificado la polarización nacional y ha provocado una ola de debates sobre la institucionalidad colombiana, con expectación sobre si las altas cortes fallarán a favor o en contra de sus argumentos.
