Ambalema quedó atrapado en una tormenta jurídica.
Justiniano Chacón. Una demanda interpuesta por Celsia Colombia S.A. ESP, a través de su apoderado Jaime Andrés Girón Medina, puso en jaque las decisiones tomadas durante su administración, específicamente en torno al contrato de concesión del alumbrado público.
La acción judicial fue radicada ante los Juzgados Administrativos de Ibagué y busca la nulidad de dos resoluciones: una del 15 de abril de 2024 y otra del 30 de mayo de 2025. Ambas están relacionadas con el cobro del Impuesto de Alumbrado Público (IAP), que según Celsia, carece de sustento legal. La empresa argumenta que no es beneficiaria directa del servicio en el municipio, por lo tanto, no debería figurar como sujeto pasivo del impuesto.
El epicentro del escándalo está en la presunta entrega irregular del contrato de alumbrado público durante el mandato de Chacón. El demandante asegura que hubo fallas graves en el proceso de licitación y adjudicación, lo que podría derivar en la devolución de millonarios recursos por parte del municipio.
Más allá del impacto económico, el caso reabre el debate sobre cómo municipios de quinta y sexta categoría en el Tolima han entregado servicios esenciales a privados sin controles efectivos. La demanda no solo busca tumbar resoluciones, sino que podría destapar una cadena de responsabilidades administrativas aún sin esclarecer.
Ambalema, una vez más, se ve envuelto en sombras que no provienen de sus luminarias.
