El lunes 13 de octubre de 2025, el politólogo venezolano exiliado Luis Alejandro Peche Arteaga fue víctima de un atentado con armas de fuego en Bogotá, en compañía del activista y defensor de derechos humanos Yendri Velásquez. Según reportes verificados, ambos fueron atacados con al menos doce disparos cuando se disponían a tomar transporte en la zona norte de la ciudad.
Contexto personal y motivo del exilio
Luis Peche es politólogo, periodista y analista político. Estaba exiliado en Colombia desde mayo de 2025, tras intensificarse la represión en Venezuela Tiene doble nacionalidad (venezolana y colombiana). En el momento del ataque, se encontraba junto con Yendri Velásquez, un activista LGBTIQ+ y defensor de derechos humanos que también huyó de Venezuela por amenazas.
Según los informes periodísticos, el ataque habría sido planificado con antelación. Cámaras de seguridad habrían captado cómo dos hombres descienden de un vehículo frente al edificio donde residían Peche y Velásquez, efectúan múltiples disparos y escapan. Dicha unidad motorizada fue abandonada poco tiempo después; en su interior se hallaron dos pistolas y documentos vinculados a uno de los agresores. La matrícula usada correspondería a un Mazda 626 Matsuri modelo 1995, registrado a nombre de un empresario identificado como Jhon Jairo R. R. aunque se investiga si fue falsificada.
Detalles del ataque y estado de salud
- Número de disparos: aproximadamente 12, según testimonios y recuentos iniciales.
- Luis Peche resultó con al menos seis impactos de bala, incluyendo algunos en las piernas. No sufrió heridas en órganos vitales y fue sometido a cirugía con pronóstico estable.
- Yendri Velásquez también fue intervenido quirúrgicamente por heridas en brazo, abdomen y otras zonas, y su estado es estable.
Las víctimas fueron trasladadas de urgencia a la clínica Reina Sofía en Bogotá, donde recibieron atención médica.
Reacciones institucionales y sociales
- La Defensoría del Pueblo de Colombia condenó el ataque y solicitó que la Fiscalía adelante una investigación rápida, exhaustiva y con medidas de protección para los afectados.
- El presidente Guillermo Gustavo Petro (o Gustavo Petro, depende de fuentes) anunció el refuerzo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para incluir protocolos especiales para activistas extranjeros en Colombia.
- Organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales (Amnistía Internacional, Provea, entre otras) han exigido esclarecer el atentado y garantizar la seguridad de defensores que han buscado refugio en Colombia.
- Opositores venezolanos, incluida María Corina Machado, condenaron el hecho y responsabilizaron al régimen de Maduro como posible autor o instigador del ataque, argumentando que representa una forma de represión trasnacional.
Significado político y riesgos para exiliados
Este atentado ha generado gran alarma entre la comunidad venezolana exiliada en Colombia, pues rompe la sensación de que estar fuera del país era sinónimo de seguridad frente a amenazas políticas. Muchos activistas denuncian vigilancia sistemática, seguimientos y hostigamientos incluso fuera de Venezuela.
Organismos de derechos humanos advierten que esta agresión podría configurar un mensaje de intimidación hacia quienes denuncian violaciones de derechos humanos, corrupción o injusticias en Venezuela desde el exterior. También señalan que la impunidad en casos como este alimenta nuevas agresiones contra defensores del exilio venezolano.
Estado de la investigación
Las autoridades colombianas, en particular la Fiscalía General de la Nación, han iniciado labores de recolección de pruebas, análisis de cámaras de seguridad y rastreo del vehículo abandonado. Se ha determinado que el automóvil usado para el ataque partió del mismo edificio minutos antes del atentado; los agresores habrían utilizado un apartamento situado unos pisos más abajo como punto de partida. Se busca determinar si hay vínculos con redes criminales locales o grupos vinculados al aparato represor venezolano.
Mientras tanto, Peche pidió públicamente que la investigación sea “rápida, transparente” y advirtió que los activistas venezolanos requieren protección efectiva, pues muchos debieron huir de su país precisamente por persecución política.
Perspectivas futuras
- Si no se esclarece con claridad quién operó el ataque y por qué, la comunidad exiliada podría sentir aún más vulnerabilidad.
- El caso podría obligar a Colombia a revisar sus políticas de protección para activistas refugiados, especialmente aquellos que representan riesgo político.
- En el ámbito diplomático, la presión sobre Venezuela podría incrementarse, pues acusaciones de represión trasnacional podrían tener consecuencias internacionales.
- Más atentados similares podrían aumentar el éxodo o la autolimitación de voces críticas sobre Venezuela desde el exterior.
