Este viernes alto tribunal condenó a ocho años de prisión al exsenador y exgobernador de Antioquia tras encontrarlo culpable de establecer alianzas con grupos paramilitares entre 2001 y 2007.
Tras una década de un intenso litigio, el alto tribunal concluyó que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) jugaron un papel preponderante en la financiación de las campañas políticas del veterano político Luis Alfredo Ramos Botero.
De acuerdo con la ponencia del magistrado Ariel Augusto Torres, de la Sala Especial de Primera Instancia, el exgobernador de los antioqueños tuvo nexos con los hermanos Vicente y Carlos Castaño, cabecillas de esta organización criminal.
Para la Corte es irrefutable que Ramos Botero sostuvo encuentros por varios años con los comandantes de las AUC, en especial con el Bloque Metro, y consolidó alianzas que derivarían en una conducta criminal. Por ende, que puso al orden de estas estructuras la función pública.
«Con el creciente estado de violencia que se presentó en el departamento de Antioquia y en general de tipo estructural que continúa sumido el conglomerado local, regional y nacional, menoscabando el interés que el Estado busca salvaguardar», se puede leer en la sentencia.
Además de los grandes incentivos económicos ofrecidos ofrecidos al exgobernador y exsenador, Ramos habría sido beneficiario en materia electoral de las presiones de las AUC en el departamento, toda vez que en las áreas de injerencia de las AUC se obligaba a votar por este político.
A cambio, según reseñaron medios nacionales como El Espectador, el exfuncionario se puso a disposición de estos grupos con dos objetivos: El de interceder por ellos para que pudieran pasar desapercibidos de la fuerza pública, y una directa participación en la ley de Justicia y Paz.
La reunión clave que demostraría los nexos de Ramos con el paramilitarismo se remonta a comienzos de 2005 en la finca Bellanita de Bello (Antioquia), a la que asistieron los exjefes ‘Ernesto Báez’, ‘Julián Bolívar’ y Pablo Hernán Sierra, en donde acordaron no pagar cárcel.
Ante la evidencia, Ramos argumentó que entre sus funciones como senador estaban este tipo de tareas negociadoras. Sin embargo, estaba prohibido que los jefes paramilitares se reunieran por fuera de la zona de concentración de las mesas de Santafé de Ralito.
El alto tribunal también estableció que Ramos recibió dinero del asesinado excomandante del bloque Centauros, Miguel Arroyave, del cartel de la gasolina y del bloque Metro, en una reunión ocurrida a finales de 2000 en el centro comercial Obelisco de Medellín.
Este encuentro se produjo «a espaldas del gobierno nacional, en horas de la noche, en un lugar no autorizado y entre los amigos y allegados de Vicente Castaño».
Aunque la defensa del exgobernador Ramos le indicó a la Corte que había testigos que no podían ser tenidos en cuenta, debido a la incoherencia en sus testimonios, el alto tribunal desestimó dicho recursos.
«No hay lugar a dudas de los acuerdos a que llegó el acusado (Ramos) con comandantes de grupos de autodefensas para recibir apoyo económico y en votos en las campañas que adelantó aspirando al Senado y a la Gobernación de Antioquia», expresó la Corte.
El exsenador, quien había recuperado su libertad en 2016. Podrá apelar su decisión, ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
