El diputado huilense Wilfred Trujillo enfrenta una tormenta política y jurídica luego de que saliera a la luz un presunto entramado de compras de predios sin respaldo físico, que fueron gestionadas bajo su influencia y apoyo institucional. Según denuncias presentadas por líderes sociales y documentos en revisión por la Procuraduría y la Contraloría General de la Nación, se habrían realizado pagos anticipados por terrenos que ni están en los registros catastrales ni tienen trazabilidad legal en escritura pública.
El caso, ya apodado por la opinión pública como el escándalo de los “lotes fantasma”, ha despertado serias inquietudes sobre el manejo de los recursos públicos destinados a proyectos de infraestructura rural y expansión institucional. Lo más grave, aseguran las fuentes, es que las empresas beneficiadas con los contratos tendrían vínculos cercanos con actores políticos afines a Trujillo.
Trámites
La operación fue rápida y discreta. En menos de seis semanas, según fuentes internas de la Gobernación del Huila, se aprobaron recursos y se firmaron convenios para la compra de terrenos destinados a supuestos centros de desarrollo agrícola, bodegas y sedes educativas rurales. Sin embargo, las coordenadas de dichos predios no corresponden a ningún lugar georreferenciado en el IGAC, y varios municipios niegan conocer el proceso.
Las alarmas se encendieron cuando, al visitar las supuestas ubicaciones, habitantes locales aseguraron que “ahí no hay ni un metro de construcción, solo monte y cañada”. Mientras tanto, las transferencias ya habían sido realizadas, y los contratos, blindados legalmente con cláusulas poco comunes en compras públicas.
Guarda silencio
Trujillo, quien ha evitado pronunciamientos directos ante los medios, solo se limitó a decir en redes sociales que “todo está en regla y responderá cuando sea requerido”, sin desmentir los señalamientos ni mostrar evidencia concreta. Desde la Asamblea del Huila, algunos colegas han guardado prudencia, mientras otros piden una investigación de fondo.
“El uso indebido de su fuero político para favorecer intereses particulares sería una traición al pueblo huilense”, aseguró un diputado que prefirió mantener el anonimato. A esto se suma que, en años anteriores, ya se habían denunciado procesos contractuales con irregularidades en los que Trujillo figuraba como promotor político.
Entes de control
La Contraloría ya abrió indagación preliminar para establecer la trazabilidad de los recursos utilizados y determinar si hubo detrimento patrimonial. Por su parte, la Procuraduría analiza posibles faltas disciplinarias graves por intervención indebida en la contratación estatal.
Mientras la investigación avanza, el caso se convierte en un nuevo capítulo del desgaste institucional en el Huila, donde la política parece, una vez más, estar cruzada por intereses económicos antes que por el bienestar colectivo. En un departamento golpeado por la desigualdad rural, la compra de tierras inexistentes no solo sería un delito: sería una bofetada a las comunidades que esperan soluciones reales.
