un libreto de favores políticos, negocios privados y desprecio por lo público.
Popayán se prepara para un 2026 cargado de decisiones históricas: actualización catastral, nuevo impuesto predial para el próximo quinquenio, revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) tras más de 20 años congelado y la definición de contratos clave como el del aseo y el alumbrado público. En este escenario, la posibilidad de que Daniel Muñoz presida el Concejo Municipal con José Alexander Campo en la mesa directiva despierta indignación. Para muchos, no se trata de un relevo administrativo, sino del retorno de un modelo político que ya golpeó duramente la economía local y la confianza ciudadana.
Los mismos de siempre con las mismas mañas
Campo, desde la presidencia en 2020, avaló el polémico Acuerdo 029, autorizando al alcalde de turno a comprometer vigencias futuras en la actualización catastral. Una jugada que hipotecó a la ciudad sin prever los impactos sociales. Muñoz, un año después, lideró el Acuerdo 024, bautizado como Estatuto Tributario Municipal, que disparó el impuesto predial hasta en un 1.600 %. Ese mazazo al bolsillo de las familias payanesas aún retumba en la memoria colectiva.
Como si fuera poco, ambos concejales también levantaron la mano para entregar el alumbrado público al sector privado. Esa decisión redujo los ingresos propios del municipio y favoreció negocios particulares en detrimento de lo público.
El POT, convertido en deuda con la ciudad
Un fallo del Juzgado Octavo Administrativo en 2025 dejó en evidencia lo que la clase política ignoró durante dos décadas: Popayán sigue atrapada en un POT congelado desde 2002. Esa omisión permitió urbanizaciones ilegales en humedales y zonas de protección hídrica, destruyendo parte del patrimonio ambiental de la ciudad. Ahora, la revisión del POT en 2026 definirá el rumbo urbanístico para las próximas dos décadas. Concejales que ya demostraron desprecio por el interés colectivo no deberían tener la batuta de semejante responsabilidad.
