La desaparición y asesinato de ocho líderes sociales y religiosos en zona rural de Calamar, Guaviare, no para de horrorizar a los colombianos. El hallazgo, divulgado por la Fiscalía este martes, puso en evidencia la crítica situación de seguridad en la apartada zona del país.
“Es una masacre, que lo único que hace es recrudecer el conflicto en nuestro territorio”, indicó sobre el atroz crimen el alcalde de la población, Farid Camilo Castaño.
Las víctimas, identificadas como Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón, eran totalmente inocentes. Lo único que los unía era la coincidencia de haber llegado de Arauca huyendo de la violencia con la ilusión de construir un futuro.
Sin embargo, esa condición fue la que desató sospechas infundadas del frente Armando Ríos, estructura de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, que citaron a las víctimas entre el 4 y el 6 de abril.
El objetivo de la reunión era, supuestamente, interrogarlas sobre la posible creación de una célula del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región, pero a los disidentes no les bastaron las explicaciones, por lo que decidieron ejecutarlos sin fórmula de juicio, pero primero obligándolos a cavar su propia tumba.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, alias ‘Iván Mordisco’ fue quien ordenó el crimen desde su círculo de confianza, supuestamente con el fin de evitar la expansión del ELN en el Guaviare, una zona estratégica para el narcotráfico y otras economías ilícitas.
La comunidad y organizaciones defensoras de derechos humanos rechazaron la masacre, calificándola como un reflejo de la creciente violencia en las zonas rurales bajo control de actores armados ilegales. La Gobernación de Guaviare ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información sobre el paradero de los desaparecidos, y las autoridades locales convocaron consejos de seguridad para enfrentar la crisis.
El hallazgo ocurre en un contexto de disputa entre facciones disidentes de las Farc y la posible llegada del ELN al Guaviare, lo que recrudece los enfrentamientos y deja a miles de personas confinadas o desplazadas.