El presidente Gustavo Petro volvió a poner en el centro del debate nacional el tema de la parapolítica y las relaciones entre el poder político, el narcotráfico y el paramilitarismo, al denunciar públicamente los presuntos vínculos del expresidente Álvaro Uribe Vélez con estos fenómenos. A través de un extenso hilo publicado en la red X (antes Twitter), Petro recordó su papel como senador del Polo Democrático Alternativo en los años 2000, cuando lideró varios debates en el Congreso que revelaron la infiltración del paramilitarismo en las instituciones del Estado colombiano.
El mandatario sostuvo que sus denuncias se sustentaron en documentos y pruebas verificables, muchos de los cuales fueron recogidos por Human Rights Watch y posteriormente respaldados en procesos judiciales. En sus intervenciones de entonces, Petro señaló con nombre propio a senadores y dirigentes políticos vinculados con el narcotráfico y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), especialmente en regiones como Córdoba, Sucre, Norte de Santander, Antioquia y Bogotá.
El presidente recordó que aquellas denuncias desembocaron en una de las investigaciones judiciales más grandes de la historia política del país: la llamada “parapolítica”, que entre 2007 y 2013 llevó a la condena de más de 60 congresistas y la apertura de 125 investigaciones por parte de la Corte Suprema de Justicia. Según datos citados por el portal Verdad Abierta, el 35 % de los senadores de la época terminaron en prisión por sus vínculos con estructuras paramilitares.
Petro recalcó que este fenómeno no fue aislado, sino que representó una alianza entre sectores del Estado y los grupos armados ilegales, quienes se apoyaron mutuamente para asegurar votos, influir en decisiones legislativas y mantener el control político regional. Diversos partidos de la coalición uribista, como el Partido de la U, Cambio Radical y el Partido Conservador, fueron mencionados en los procesos judiciales, al igual que agrupaciones menores como Colombia Viva o Convergencia Popular Cívica, que desaparecieron tras la judicialización de sus dirigentes.
En su publicación, el mandatario también destacó el papel del Polo Democrático Alternativo como fuerza opositora durante el gobierno de Uribe. Además de él, figuras como Iván Cepeda y Clara López lideraron denuncias y procesos de investigación que ayudaron a documentar la magnitud del fenómeno. Petro reconoció el trabajo del entonces magistrado de la Corte Suprema, Iván Velásquez Gómez, quien transformó sus denuncias parlamentarias en procesos penales concretos. Velásquez, años después, sería reconocido internacionalmente por su trabajo contra la corrupción en Guatemala y actualmente ocupa el cargo de ministro de Defensa en el gobierno de Petro.
El presidente también recordó los episodios de persecución política que sufrió durante la administración de Álvaro Uribe, cuando el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) ejecutó interceptaciones ilegales contra magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la oposición, incluido él mismo. Estas operaciones, conocidas como “las chuzadas del DAS”, derivaron en un escándalo nacional que llevó a la disolución del organismo en 2011, tras ser comprobado que sus actividades violaban derechos fundamentales.
En su mensaje, Petro afirmó: “El DAS de Álvaro Uribe interfirió todas mis comunicaciones. Resistí entre blindajes”, en referencia a la vigilancia y amenazas que sufrió durante esa época.
El mandatario también mencionó el escándalo del “Cartel de la Toga”, una red de corrupción judicial destapada en 2017, que involucró a magistrados de la Corte Suprema de Justicia acusados de recibir sobornos para manipular procesos contra políticos investigados. Petro señaló que este caso demuestra cómo las estructuras corruptas dentro del sistema judicial han permitido la impunidad de figuras poderosas, incluyendo —según él— al expresidente Uribe.
“El cartel de la toga ha dejado en la impunidad a los políticos mafiosos y busca dejar en la impunidad al expresidente Uribe”, expresó el jefe de Estado, en un mensaje que conecta las fallas estructurales del sistema judicial con la persistencia de la impunidad en casos de parapolítica y corrupción política.
En síntesis, el discurso de Petro combina una defensa de su trayectoria como denunciante de las alianzas criminales entre políticos y paramilitares, con una acusación directa contra Álvaro Uribe Vélez y las instituciones que, a su juicio, han protegido a las élites responsables de décadas de violencia y corrupción. Sus declaraciones reabren un debate histórico sobre la responsabilidad del Estado en el surgimiento y expansión del paramilitarismo, y sobre la vigencia de la impunidad en los casos más sensibles de la política colombiana.
