La reciente reforma a la justicia en Colombia, enfocada en fortalecer las penas y sanciones por delitos contra menores, ha generado un intenso debate sobre sus límites y beneficios. La iniciativa, aprobada por el Congreso, busca mejorar la protección de la infancia y hacer frente a un alarmante aumento en los casos de abuso y explotación infantil.
Entre los beneficios más destacados de la reforma se encuentra el endurecimiento de las penas para los delitos sexuales y la creación de nuevas herramientas legales que faciliten la denuncia y el procesamiento de los agresores. Se espera que estas medidas actúen como un disuasivo efectivo y brinden mayor seguridad a las víctimas y sus familias.
«No podemos permitir que los delitos contra niños y adolescentes queden impunes. Esta reforma es un paso importante hacia la protección de nuestros menores», afirmó la ministra de Justicia, Angela Maria Buitrago, durante la presentación de la iniciativa. La reforma también incluye programas de prevención y atención a víctimas, con el objetivo de ofrecer apoyo integral a quienes han sufrido estas atrocidades.
Sin embargo, la reforma ha enfrentado críticas y preocupaciones sobre su implementación. Especialistas advierten que, si bien aumentar las penas puede ser positivo, no es suficiente para abordar las raíces del problema. “Es fundamental que la reforma vaya acompañada de políticas efectivas en educación, prevención y rehabilitación. Sin un enfoque integral, los resultados podrían ser limitados”, señaló el psicólogo infanto-juvenil Javier Restrepo.
Además, algunos sectores han expresado su preocupación por el riesgo de sobrecargar el sistema judicial, que ya enfrenta desafíos significativos en términos de capacidad y recursos. La falta de inversión en la infraestructura judicial y en la capacitación de los funcionarios podría afectar la efectividad de la reforma.
La discusión sobre los límites y beneficios de la reforma continúa en la sociedad colombiana, donde el compromiso de proteger a los menores es una prioridad. A medida que se implementen las nuevas disposiciones, será crucial evaluar su impacto real en la reducción de delitos contra la infancia y en el fortalecimiento de la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.
