Documentos internos y auditorías revelan un deterioro acelerado en la gestión y los servicios de la Nueva EPS, la entidad promotora de salud más grande de Colombia. Los hallazgos apuntan a fallas graves en la entrega de medicamentos, en la atención médica, en la ejecución financiera y en el cumplimiento de obligaciones legales.
Entrega de medicamentos: crisis aguda
- En el período entre abril de 2024 y abril de 2025, los medicamentos pendientes de entrega aumentaron un 160 % respecto al año anterior.
- Se calcula que el 17,5 % de los afiliados enfrentaron dificultades para acceder a sus fármacos esenciales en ese período.
- Pacientes con condiciones críticas han sido los más afectados: en el caso de trasplantes, 91 % no recibió los medicamentos solicitados, y 71 % de enfermos renales crónicos experimentó interrupciones en su tratamiento.
- Estas fallas han provocado un aumento en hospitalizaciones evitables y en peticiones judiciales (tutelas).
Trámites, autorizaciones y fallas en atención médica
- Las solicitudes de autorizaciones pasaron de 3,2 millones (junio de 2023) a más de 4,8 millones (junio de 2025).
- Más del 67 % de esas autorizaciones corresponden a servicios básicos que deberían prestarse sin tantas barreras administrativas.
- El volumen de traslados hospitalarios ha crecido, y los tiempos de espera para esos traslados se han extendido hasta 52,9 horas en julio de 2025, frente a 33,7 horas en el mismo mes del año anterior.
- En atención primaria, las referencias ambulatorias subieron 40,8 % en el periodo analizado.
Deterioro financiero y riesgos contables
- La Nueva EPS depende cada vez más de anticipos financieros a los prestadores de salud (IPS). Entre 2023 y agosto de 2025, el número de anticipos solicitados se duplicó y el monto superó los $7.439 millones solo en 2025.
- La capacidad institucional para detectar fraudes ha caído: se identificaron 336 casos en 2023, pero solo 94 hasta agosto de 2025.
- En cuanto a reservas técnicas (fondos que la EPS debe mantener para obligaciones futuras), hay diferencias sustanciales entre lo reportado por la entidad y lo calculado por auditores.
- Amplios volúmenes de facturas están pendientes de auditoría: se estima que 13,2 billones de pesos no han sido totalmente validados, lo que impide conocer con precisión el pasivo real de la entidad.
- El pasivo total de la EPS en marzo de 2025 alcanzó los 21,37 billones de pesos, con un patrimonio negativo que la sitúa en una situación de viabilidad estructural comprometida.
Desorden institucional y presión judicial
- La intervención estatal de la Nueva EPS ha estado marcada por conflictos jurídicos: la interventora, Gloria Libia Polanía, enfrenta 618 fallos de desacato judicial y 1.402 días de arresto acumulados por incumplimiento de tutelas.
- Las órdenes judiciales en su contra abarcan múltiples fallos exigidos por pacientes que reclaman servicios de salud.
- La Contraloría General de la República calificó la situación como una “grave crisis administrativa y financiera”. Durante una auditoría, se halló un represamiento de 22,7 millones de registros de facturación por 22,1 billones de pesos, muchos duplicados o sin soporte.
Riesgo para los afiliados y el sistema de salud
- Si la entidad no logra recuperarse, millones de afiliados podrían ver comprometido su derecho al servicio de salud.
- Clínicas y hospitales podrían quedar con deudas sin pago, lo que afectaría la prestación de servicios en todo el país, especialmente en zonas con menor capacidad institucional.
