En el sector del barrio El Canalón de Santander de Quilichao, la comunidad ha iniciado una serie de protestas ante la creciente ocupación ilegal de predios, tanto públicos como privados. La situación ha generado un malestar generalizado debido al deterioro del medio ambiente causado por invasores y personas que, presuntamente, han adquirido de manera irregular estos terrenos. La ocupación ilegal ha venido sucediendo durante varios años, con la posterior legalización de muchos de estos predios, lo que complica aún más la situación.
Los terrenos
Los residentes del área señalan que, además del daño ambiental, la ocupación de estos terrenos genera un grave riesgo para las personas que habitan en la zona. La tala de árboles, necesaria para poder construir en esos predios, está provocando el deslizamiento de tierra durante las lluvias, lo cual aumenta la posibilidad de derrumbes y tragedias. La comunidad hace un llamado urgente a la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) para que intervenga y prevenga estos desastres naturales que afectan tanto a los invasores como a los vecinos del sector.
Por otro lado, las autoridades denuncian que algunas personas están estafando a los habitantes de la zona, vendiéndoles lotes que no son de su propiedad. Estos fraudes ocurren tanto por la venta ilegal de terrenos como por la invasión de predios que luego son vendidos al mejor postor. Además, se ha identificado que algunos de los involucrados en estas prácticas ilegales son propietarios de terrenos en otras localidades, lo que ha generado sospechas de que estas personas están aprovechándose de la situación para lucrarse de manera ilícita.
El conflicto ha llegado a niveles donde la intervención de diversas instituciones del Estado se vuelve necesaria. La comunidad ha señalado que algunos de los invasores están utilizando a los niños como escudo ante la intervención de la Fuerza Pública, lo que pone en riesgo los derechos de los menores. Ante esto, se hace un llamado a la Alcaldía, la Procuraduría, los Jueces de Familia y el ICBF para que actúen de manera conjunta y judicialicen a quienes exponen a los niños a situaciones peligrosas, vulnerando su bienestar y sus derechos fundamentales.
