El tema de la salud en Colombia ha generado muchísimo revuelo, sobre todo por la necesidad de reformar el sistema al ser considerado por el actual gobierno de Gustavo Petro como uno de los “peores del mundo”. Y uno de los elementos que ha estado en el ojo del huracán han sido precisamente las EPS.
Tras su llegada al poder, la ministra de Salud, Carolina Corcho, ha lanzado dardos a estas entidades promotores al considerar que no cumplen con las expectativas para asegurar a los ciudadanos un derecho justo al sistema de salud.
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Se han eliminado las EPS
Incluso, se ha hablado de erradicarlos por completo. Y al respecto, la ministra aseguró en una entrevista reciente a un medio de comunicación que “No es que las queramos eliminar, es que se han estado eliminando. El Ministerio ha bajado los estándares para que cumplan los requisitos y solo cuatro cumplen con indicadores menores a lo que les exigiría cualquier otro país, según datos de la Superintendencia de Salud. En los últimos años, ha prorrogado dos veces los plazos para que logren las exigencias de cumplimiento en una política de prorrogar hasta el infinito. Un Estado no puede acomodar la ley porque las EPS cuidan la vida. También manejan recursos públicos, casi 70 billones de pesos al año. Y 1.800.000 colombianos quedaron, luego de la pandemia, sin afiliación al sistema”.
Pero una cosa es lo que dicen desde el Gobierno y otra es lo que piensa la gente, según un sondeo de opinión reciente, hecho por la compañía Polimétrica de Cifras y Conceptos, la cual ha revelado que el 71% de los consultados ha dicho que no desean que las EPS sean eliminadas.
La encuesta
La encuesta incluyó una muestra de 2012 personas, para algunos nada representativa, distribuida de la siguiente forma: 308 personas en Bogotá, 327 en Medellín, 213 en Cali, 253 en Barranquilla, 457 en Manizales, 377 en Santa Marta y 167 en Villavicencio.
Estas compañías han acompañado a la mayoría de los colombianos durante muchos años en la búsqueda de atención médica especializada y a precio asequible. Es normal que haya angustia y expectativa sobre la posibilidad de eliminarlas, ya que hasta ahora es la única herramienta con la que se cuenta para acceder a salud.
Si el Gobierno considera que las EPS deben desaparecer, están obligados a ofrecer a la población una alternativa confiable y efectiva que les permita cubrir ese vacío. De lo contrario, estarían colapsando un sistema catalogado por ellos mismos como deficiente y extremadamente mercantilista, por lo que también estarían poniendo en riesgo la estabilidad de muchas personas.
