Cuatro personas ibaguereñas tramitaban visas falsas a migrantes.
El eco de un escándalo internacional golpea directamente a Ibagué y pone en evidencia a cuatro ciudadanos vinculados con un caso de fraude migratorio que ha despertado polémica tanto en Colombia como en Estados Unidos. La acusación federal radicada en el Distrito Este de Nueva York señala que, mediante un supuesto bufete de abogados, se habrían captado víctimas con promesas de regularización migratoria, mientras se movían más de cien mil dólares en operaciones presuntamente fraudulentas.
Los señalados son Daniela Alejandra Sánchez Ramírez (25), Jhoan Sebastián Sánchez Ramírez (29), Alexandra Patricia Sánchez Ramírez (38) y Marlyn Yulitza Salazar Pineda, quienes aparecen en la acusación como presuntos responsables de la red que operaba bajo el nombre de “CM Bufete de Abogados Consultoría Migratoria”.
El proceso judicial avanza con cargos por conspiración de fraude electrónico, lavado de dinero y suplantación de funcionarios. En medio de este panorama, las autoridades locales en Ibagué han pedido mayor articulación nacional para rastrear los recursos que habrían sido movilizados en la operación. El secretario de Gobierno de la ciudad, Francisco Espín, advirtió que, más allá de los señalamientos informales de “brujería”, el verdadero foco está en el presunto lavado de activos y en el impacto económico que sufrieron los migrantes engañados.
De acuerdo con la investigación, los implicados utilizaban redes sociales para captar víctimas y enviaban documentación falsificada con supuestos sellos oficiales. La maniobra, según las autoridades estadounidenses, afectó a personas que buscaban cumplir el llamado “sueño americano” y que terminaron perdiendo importantes sumas de dinero.
Espín fue enfático al señalar que “esa modalidad que ellos realizan con las visas es una estafa. Es más delicado el delito de lavado de activos”.
Durante la reciente visita del ministro de Defensa y del director de la Policía Nacional a Ibagué, se solicitó acompañamiento del Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la DIAN y la Superintendencia Financiera para fortalecer la investigación. La prioridad, según Espín, es identificar los flujos financieros y determinar responsabilidades individuales.
Las autoridades estadounidenses recalcaron que los procesados se presumen inocentes hasta que un juez determine su responsabilidad penal. Mientras tanto, en Ibagué el caso sigue generando revuelo, con un ambiente de incertidumbre y exigencia de respuestas claras sobre el destino de los recursos y el alcance de la red que operaba bajo la fachada de asesoría migratoria.
