El proyecto de reforma de la Ley 30 de 1992, que regula todo el sistema de educación superior del país, cuyo articulado fue presentado por el Ministerio de Educación el pasado 20 de julio, incluye importantes transformaciones para el sector.
Estos cambios van desde aspectos de la financiación de las instituciones de educación superior (IES) hasta el gobierno universitario y las facultades que tendrá el ministro (a) de Educación en la creación, vigilancia y sanción de los establecimientos educativos.
Ante esto, el Laboratorio de Gobierno de la Universidad de la Sabana (GovLab) presenta un análisis con los 20 cambios más significativos consignados en el texto, que todavía se encuentra en discusión antes de ser finalmente radicado ante el Congreso de la República.
- Educación superior como derecho fundamental
La educación superior pasa de ser un servicio público a un derecho fundamental de carácter progresivo. Así se lee en la propuesta, que reitera que el Estado “garantizará de manera progresiva el derecho fundamental a la educación superior con base en principios de igualdad, equidad, calidad y pertinencia”.
Este cambio puede traer consecuencias importantes, en tanto este criterio se aplique como la obligatoriedad de admitir a todas las personas que deseen acceder a la educación superior, tanto en instituciones públicas como en privadas. Ello también podría aplicarse en el caso de que algún estudiante sea sancionado o expulsado.
- Oferta académica y saberes ancestrales
El borrador de propuesta de reforma de la Ley 30 propone armonizar los campos de educación y formación de la educación superior (técnica, ciencia, tecnología, humanidades, arte y filosofía) con los saberes y conocimientos ancestrales de las comunidades étnicas y los sistemas de conocimiento propios de otras comunidades.
No es claro el alcance de esta modificación de los artículos 7 y 8 de la Ley 30 en cuanto a qué implica dicha armonización en la estructura curricular de la oferta académica a nivel de pregrado y posgrado.
- Se eliminan programas de educación abierta y a distancia
El proyecto de reforma deroga el artículo 15 de la Ley, el cual establece que las Instituciones de Educación Superior (IES) pueden adelantar programas en la metodología de educación abierta y a distancia. Hoy, según cifras del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies), se ofrecen 1.243 programas en la modalidad a distancia.
Ahora, propone que, en el marco de su autonomía, las IES podrán promover “las rutas de aprendizajes de los estudiantes con referencia a los procesos de movilidad de las vías de cualificación, que estén definidas en la normatividad que para tal fin se disponga”. No es claro el alcance de esta modificación y se recomienda evaluar su impacto.
- Instituciones tecnológicas, nueva categoría de IES
Se crea en el proyecto de ley una categoría específica de IES: instituciones tecnológicas. Estas tendrán como misión “orientar la formación integral de personas con las competencias y conocimientos necesarios para resolver problemas tecnológicos que requieren la aplicación de conocimientos con fundamentación científica e investigativa”. Podrán ofrecer y desarrollar programas técnicos y tecnológicos, especializaciones técnicas y tecnológicas y de formación hasta el nivel profesional, siempre y cuando sea por ciclos. - Ministro (a) de Educación, con mayor poder
El jefe de la cartera educativa tendrá nuevos poderes, como aprobar el funcionamiento de nuevas IES sin el previo concepto favorable del Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu), así como cancelar la personería jurídica de universidades privadas, también de manera autónoma. También tendrá otras funciones que hoy recaen en el Cesu, como la autorización de programas de maestría y doctorado, de la creación de seccionales, así como determinar la viabilidad financiera de las instituciones que se llegasen a fundar. - Cambios en los exámenes de Estado
Se elimina el actual artículo 27 de la Ley 30, que establece los propósitos que tienen las pruebas de Estado en la educación superior. Así las cosas, no se sabe cuál será la función de dichas pruebas de aquí en adelante, ni tampoco si continuarán siendo un requisito para graduarse de pregrado, esto en el caso de las pruebas Saber Pro.