Ante el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación solicitó no despojar de su investidura al exsenador Iván Name Vásquez, en el marco del proceso derivado del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la aprobación de reformas como la pensional.
A pesar de las investigaciones penales en curso ante la Corte Suprema de Justicia por presuntos sobornos de hasta $3.000 millones, el Ministerio Público concluyó que en la jurisdicción contencioso-administrativa no existían pruebas directas e irrefutables que demostraran que Name incurrió en tráfico de influencias, ni que hubiese condicionado su gestión legislativa o el trámite de proyectos gubernamentales a cambio de beneficios económicos. Además, la entidad argumentó que Name actuó de forma crítica y con posturas de oposición frente a varias iniciativas del Ejecutivo, lo que contradice la tesis del supuesto favorecimiento indebido.
• Insuficiencia probatoria: Para la Procuraduría, las declaraciones de los testigos clave del caso UNGRD no contaban con el respaldo probatorio suficiente en el expediente administrativo para configurar la pérdida de investidura.
• Ausencia de beneficio comprobado: No se demostró dentro del proceso que la actuación de Name en la Mesa Directiva del Senado buscara un provecho personal directo o que hubiera habido un constreñimiento hacia otros funcionarios o congresistas.
• Rol opositor como atenuante de la tesis: El organismo de control destacó que, durante su presidencia en el Senado, Name mantuvo posturas críticas e independientes frente a los proyectos del Gobierno (como las reformas pensional y de salud), lo que debilitaba la teoría de un pacto o favorecimiento a cambio de dinero.
• Diferenciación de fueros: La Procuraduría enfatizó que las acusaciones de tipo penal (cohecho y peculado) deben ser resueltas por la Corte Suprema de Justicia, distinguiendo la responsabilidad penal de los causales estrictos de la pérdida de investidura.
Aunque el expresidente del Senado afronta un juicio penal, el Ministerio Público solicitó al Consejo de Estado negar la «muerte política» por tres motivos clave:
Falta de pruebas contundentes: No se acreditó fehacientemente la recepción de coimas en el expediente administrativo. Sin evidencia de tráfico de influencias: No se probó que hubiese presionado u ordenado votos a favor de la reforma pensional o causas del Gobierno. Postura parlamentaria: Sus actuaciones y votaciones demostraron independencia y oposición a varios proyectos oficiales.
Diferencia jurídica: Mientras la Corte Suprema evalúa la responsabilidad penal, el Consejo de Estado juzga la pérdida de investidura según causales constitucionales estrictas.
