Las obras de alcantarillado sanitario ejecutadas en el municipio de La Plata, Huila, quedaron bajo observación tras un informe de la Contraloría General de la República que detectó un presunto sobrecosto superior a los $186 millones. El hallazgo, con posible incidencia fiscal, se originó luego de una denuncia ciudadana y fue consignado en el informe final emitido por la Gerencia Departamental Colegiada del Huila al cierre de 2025.
La revisión se centró en el Convenio Interadministrativo No. 024 de 2024, suscrito entre la Alcaldía de La Plata y la Empresa de Servicios Públicos Emserpla E.S.P., durante el primer año de gobierno del alcalde Camilo Ospina. El acuerdo tuvo como objeto la optimización de redes de alcantarillado sanitario en varios sectores urbanos y contó con un presupuesto total de $1.400 millones, financiado en un 98,57 % con recursos municipales provenientes del Sistema General de Participaciones.
Cuestionamientos
Uno de los puntos que despertó cuestionamientos fue el bajo aporte de Emserpla, que solo contribuyó con el 1,43 % del valor total, pese a ser la entidad encargada de ejecutar el convenio. Posteriormente, la empresa contrató a terceros para desarrollar las obras, situación que generó dudas sobre su capacidad operativa y la correcta estructuración del proceso.
Las intervenciones se realizaron en cinco tramos ubicados en los barrios La Floresta, Las Quintas, Siete de Agosto y La Libertad. Aunque las obras fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción en marzo de 2025, un análisis técnico posterior evidenció diferencias significativas entre los precios contratados y los valores de referencia del mercado local.
El estudio de los Análisis de Precios Unitarios reveló incrementos considerables en actividades como replanteo topográfico, excavación manual, relleno compactado, suministro de tuberías PVC y reposición de pavimento. En algunos casos, los valores superaron ampliamente los pagados en contratos similares ejecutados en años anteriores en el mismo municipio.
La Contraloría concluyó que estos incrementos no contaron con justificación técnica suficiente y podrían traducirse en un detrimento patrimonial. Por tal motivo, el hallazgo fue trasladado al Grupo de Responsabilidad Fiscal para determinar responsabilidades y cuantificar el daño definitivo al erario, mientras algunos aspectos disciplinarios fueron remitidos a la Procuraduría.
