La crisis humanitaria en Colombia sigue agravándose mientras las comunidades más afectadas claman por atención. Este jueves 3 de abril, líderes y lideresas de 17 territorios del país llegaron a Bogotá para denunciar el recrudecimiento de la violencia y la falta de respuestas del Gobierno nacional. Su objetivo es exigir medidas urgentes para proteger a las poblaciones afectadas y frenar la escalada del conflicto armado que ha dejado un alarmante aumento en los hechos violentos.
Durante su visita, los representantes de más de 800 organizaciones sociales que integran la Coordinadora Humanitaria se reunieron con Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de la ONU en Colombia, a quien presentaron un diagnóstico preocupante sobre la seguridad en el país. De acuerdo con el más reciente Reporte Humanitario elaborado por Vivamos Humanos y la Coordinadora Humanitaria, los eventos violentos han aumentado en un 30 % respecto al año anterior, alcanzando un total de 261 hechos registrados en lo que va del 2025.
Las regiones más golpeadas por la violencia siguen siendo Catatumbo, Cauca, el Caribe, Antioquia y Chocó, donde los grupos armados ilegales continúan imponiendo su dominio a través de ataques, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores. Según el informe, los principales responsables de esta situación son el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Estado Mayor Central (EMC), el Estado Mayor de los Bloques y Frentes y el Ejército Gaitanista de Colombia (AGC), que operan con total impunidad ante la falta de control del Estado.
Los líderes han advertido que la política de «paz total» impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro no está logrando proteger a la población civil ni detener la violencia en los territorios. Señalan que el 60 % de las mesas de negociación no están funcionando de manera efectiva y que el aumento de la inseguridad es una prueba de que los compromisos asumidos en los diálogos con los grupos armados no se están cumpliendo.
Además de denunciar la crisis ante organismos internacionales, los voceros participarán en el Congreso Nacional de Paz, un espacio donde expondrán la realidad de sus comunidades y propondrán soluciones concretas para contener el avance del conflicto. Entre las medidas que han planteado desde hace tres años están la implementación de una agenda humanitaria, la adopción de mínimos humanitarios para proteger a las comunidades no combatientes y la ejecución de un Plan Humanitario de Paz y Seguridad. Sin embargo, estas iniciativas han sido ignoradas por el Gobierno y los organismos responsables de la seguridad.
La llegada de estos líderes a Bogotá busca presionar a las autoridades para que actúen de inmediato. A pesar de los riesgos de seguridad que enfrentan al alzar la voz, su mensaje es claro: la crisis humanitaria no puede seguir siendo invisibilizada mientras miles de colombianos quedan atrapados en medio del conflicto. La gran incógnita es si el Gobierno responderá con acciones concretas o seguirá postergando una solución que ya no puede esperar.
